La divulgación de un pacto inconcluso negociado hace más de una década por ex guerrilleros y militares generó polémica este lunes en Uruguay, en pleno debate de un proyecto para anular una ley que evitó enjuiciar a violadores de derechos humanos en la última dictadura (1973-1985).

El texto, en que las dos partes se mostraban dispuestas a asumir su responsabilidad por la violencia de la época, fue difundido por el diario El Observador, que atribuye su divulgación a oficiales retirados.

Según el periódico, el proyecto de acuerdo -que no llegó a concretarse- fue negociado en 1998 entre dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN) e integrantes de la logia Tenientes de Artigas, en procura de sellar el tema de los derechos humanos.

El MLN -fundado en 1962- actuó como guerrilla urbana en la década de 1960 y principios de los 70, hasta que fue derrotado militarmente en 1972. La organización se integró en 1989 a la coalición política de izquierda Frente Amplio, actualmente en el poder.

Los Tenientes de Artigas, en tanto, fundados en la misma época, se caracterizaron por una ideología ultranacionalista y anticomunista y jugaron un papel central en el golpe de Estado de 1973.

En el texto ninguno de los sectores procura desentenderse de la responsabilidad que les cabe por los hechos del pasado, pero sostienen que no fueron los únicos protagonistas de aquellos episodios violentos.

Se asegura así que las personas desaparecidas durante la dictadura -unas 200, sobre todo en Argentina- fueron consecuencia de “una guerra” que existió en el país y por lo tanto piden a toda la sociedad que asuman su parte de responsabilidad en ella.

En las reuniones habría participado el actual presidente José Mujica, ex guerrillero.

El vocero de la logia Tenientes de Artigas, coronel retirado Carlos Silva, dijo el lunes a canal 4 que reconoce parte del documento publicado pero que la agrupación que integra no lo dio a conocer.

En cuanto a las reuniones, indicó: “Todos habíamos formado parte de lo que era la Guerra fría en aquel momento. Entonces dijimos que íbamos a mirar para adelante, a dejarnos de jorobar y a trabajar en bien de la patria para empezar de nuevo”.

El lunes, tanto el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, como el senador Eleuterio Fernández Huidobro, ambos ex guerrilleros, admitieron que hubo reuniones con los militares pero negaron que hubiera un pacto.

“Hubo muchas reuniones con los militares”, dijo Huidobro a radio Carve, agregando no obstante que “nunca” vio “ese documento ni hubo pacto alguno”.

El senador indicó que el tema debatido con los militares era el reclamo “de los compañeros desaparecidos y muy especialmente de los niños”.

Consideró además que la difusión del presunto pacto “es una maniobra de propaganda” y una forma de “presionar al Parlamento” cuando éste debate la anulación de la denominada Ley de Caducidad, una norma aprobada en 1986 y que evitó enjuiciar a violadores de derechos humanos en la dictadura.

El proyecto de anulación ya recibió media sanción en el Senado, donde el gobernante Frente Amplio (FA, izquierda), en el poder desde 2005, logró aprobarlo por un solo voto (16 a favor y 15 en contra) y a costa de que precisamente Fernández Huidobro anunciara que renunciará a su banca por estar en desacuerdo con el proyecto.

Huidobro -al igual que la oposición- sostiene que no se puede desconocer que dos plebiscitos convocados por la izquierda en 1989 y en 2009 para anular la Ley de Caducidad fueron derrotados en las urnas.

La nueva polémica ocurre además un día antes de una interpelación en el Parlamento a Rosadilla y al ministro del Interior Eduardo Bonomi, para interrogarlos sobre un supuesto video en el que presuntos militares amenazan a jueces y fiscales por los procesamientos de militares por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, cuya existencia fue difundida en marzo.

Mujica dijo en marzo que el objetivo del video era “amedrentar al presidente”.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general del aire José Bonilla, advirtió el lunes al diario Ultimas Noticias que “nadie que sepa algo (sobre el destino de los desaparecidos, ndr) va a decirlo porque sabe que inmediatamente va a ir preso”.