Desde hace mucho tiempo las autoridades oficiales de la ciudad de Santa Fe han autorizado el uso de caballos para el tiro de carros, animales de dudoso origen que están en manos de personas que viven en cordones de pobreza, en su mayoría equinos maltratados, desnutridos, con herraduras en mal estado y lastimaduras en sus cuerpos, que arrastran sin descanso cargas superiores a sus fuerzas llevando metales, vidrio, cartones y otros elementos recogidos en las calles. La ley nacional N° 14.346 es violada con impunidad a la vista de jueces, fiscales, legisladores y gobernantes, pero como todo parece descontrolado en estos momentos en Argentina, los reclamos de los proteccionistas y de algunos ciudadanos sensibles no son escuchados por las autoridades; presuntas razones políticas garantizarían estos abusos, inseguridad y creciente anarquía, tal vez en búsqueda desesperada de votos futuros y perpetuarse en despachos de poder (no generalizo).
El 3 de enero pasado, personal municipal (tal vez cubriendo apariencias) habría efectuado un control en avda. Aristóbulo del Valle y Castelli, interceptando el paso de un menor de edad montado en pelo en un caballo que tenía una máscara reseca por el sol y parte de un arruinado arnés. Los funcionarios observaron varias lastimaduras en el animal y decidieron comunicarse con la señora Indiana G., integrante de una agrupación que defiende a los caballos (entidad que asesoro a la distancia) y le habrían preguntado si podía hacerse cargo de la custodia del equino. Ella aceptó y fue con sus colaboradores a retirarlo y dejarlo en un predio que disponen para esos fines.
Por la noche habrían concurrido a la seccional policial de jurisdicción para firmar el acta de entrega del caballo, sorprendiéndose por la aparición de un individuo mayor que dijo ser el “dueño” del animal, agregando estar “autorizado” por la municipalidad y que el mismo estaba herido porque “se lo habían robado” (?), lo que sería un falso argumento que usan innumerables inescrupulosos que explotan cruelmente caballos obtenidos en el mercado negro (entiéndase: muchos procedentes de actos de cuatrerismo).
Como no había un veterinario policial para revisar al equino, en la comisaría le habrían pedido a la señora Indiana G., por presunta orden de un juez de posible apellido Candiotti a cargo del juzgado en lo Correccional de 1ª Nominación de turno, que presentaran fotografías y un certificado de diagnóstico veterinario extendido por un profesional “neutral” (sic), seguramente porque la entidad estaría presidida por una médica veterinaria y la justicia pretendería actos “imparciales” (?). Pregunto: ¿pensarán que es fácil llevarse desinteresadamente a un caballo de la calle para curarle heridas y alimentarlo? ¿creerán que van a “inventar” daños cuando está a la vista de los actuantes la desnutrición del equino y sus heridas? ¿no pudieron asentar las declaraciones de dos testigos? ¿la presidenta de la entidad estudió y fue diplomada como veterinaria para tener que demostrar a la justicia que un caballo está herido con la certificación de un colega “neutral”? esta incoherencia sólo tendría lugar en Santa Fe.
Cumplieron con los requisitos y cuando fueron a entregar las fotografías y la certificación médica “neutral” -comentó la señora Indiana G.-, les dijeron que ese material lo presenten el 1° de febrero de 2011 (por algunas “vacaciones” de verano, supongo).
El informe que la señora Indiana G. me envió dice que tuvieron que lavar las heridas del caballito, darle agua, mucha agua (estaba deshidratado), antibióticos, buena comida y mucho cariño.
Según esta secretaria de entidad proteccionista, con el patrocinio de un abogado se convertirán en querellantes en el expediente y además están decididos a denunciar ante el Colegio de Veterinarios al médico de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe que acostumbraría a autorizar la circulación de carros tirados por caballos que están en malas condiciones.
Sería fácil en la comodidad de un escritorio de poder y en el papel de “Dios” (dicho con el mayor respeto por investiduras y conste que estoy defendiendo la vida de un hijo de la Naturaleza), considerar como un expediente más el caso del caballo sin ver que se trata de una vida inocente en peligro, donde la actuación judicial debe ser rápida y eficaz.
Pretender analizar un mes después los hechos no servirá para nada, seguramente cuando el caballo esté recuperado, cepillado, engordado, sin heridas abiertas y con herraduras nuevas, la justicia dispondrá (jueces de la provincia de Buenos Aires en mis intervenciones nunca han devuelto un caballo maltratado o de dudoso origen), que el animal vuelva a manos de sus crueles explotadores, es decir, a las puertas del infierno y caso cerrado. No habrá condena, sólo gastos y preocupación de parte de los que salvaron al animal sólo durante unas semanas y la impunidad continuará vigente como vienen comprobando hasta hoy.
Quiera Dios ser justo e inflexible a la hora de juzgar a los salvajes que maltratan animales (en este caso en nombre de la “pobreza”) y con las autoridades que consienten insensiblemente estos crímenes terribles contra derecho.
Desde hace varias décadas me dedico a actividades ecuestres, soy asesor en asuntos equinos de centro cultural y tradicionalista, de establecimientos rurales, de estudio jurídico, etc., entendido en comportamiento animal, adiestramiento, técnicas de rehabilitación, crianza y manejo de potros, además impulsor de rescates de más de 500 caballos maltratados procedentes de actos de cuatrerismo. Como proteccionista independiente de fauna salvaje poseo certificaciones oficiales y científicas y máximos reconocimientos internacionales que figuran en libros europeos, cables noticiosos de agencias extranjeras, diarios de idioma inglés, revistas jurídicas, revistas de reparticiones nacionales y provinciales, versiones taquigráficas legislativas y en centenares de informes en diarios de todas partes.
Carlos Estrada
Escritor y periodista de investigación.
Buenos Aires, 14 de enero de 2011.
Imagen: Carlos Estrada
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