El diputado UDI, Gustavo Hasbún, calificó de “populista” el anuncio de la Concertación de estudiar una acusación constitucional por la venta de los activos de Corfo en las Sanitarias. Una acusación que, según analistas, dependiendo de la ley se debe plantear si procede o no.
Bastó que Corfo publicara la decisión de vender su participación en las empresas sanitarias para que la Concertación reaccionara en bloque para defender los activos que el Estado tiene en estas firmas y que representan unos 1.600 millones de dólares en ingresos.
Por ello y a fin de evitar la venta, el bloque opositor anunció que evaluará la posibilidad de ingresar una acusación constitucional por la enajenación de papeles que están relacionados con la entrega de un servicio a la comunidad.
Una actitud que en el oficialismo no cayó bien, el diputado UDI, Gustavo Hasbún, calificó el anuncio como “populista” y llamó a replantear el marco regulatorio para garantizar los derechos de los usuarios.
Pero esta acción legal no depende de la disposición de la Concertación , sino de si el hecho de vender constituye o no un acto inconstitucional. Esto porque de acuerdo a los cambios realizados en el organismo público hay facultades legales para optar a la venta.
Un proceso que explica el analista político, Guillermo Holzaman.
Holzman también apuntó a los roces que podría generar esta acción entre oficialismo y oposición en otros temas.
En esa línea, el economista y ex gerente de finanzas de Corfo en el gobierno de Patricio Aylwin, Uri Wainer, señaló la merma que puede causar en el financiamiento del organismo esta venta.
Wainer apuntó además a los problemas en el tipo de cambio que puede generar la enajenación, esto si se opta por ocupar los fondos y reinvertirlos en dólares y no en pesos.
