El presidente de la Democracia Cristiana, senador Ignacio Walker y el diputado socialista Marcelo Díaz, lamentaron este miércoles la decisión del Gobierno de vender la participación del Estado en empresas sanitarias.

“Esto es inaceptable porque rompe los equilibrios establecidos en el acuerdo legislativo de 1998 y porque el gobierno pretende hacer unilateralmente, y por decreto, aquello que antes se hizo por ley, a la luz pública y de cara a la gente. Adicionalmente, el gobierno señala una razón injustificable, como es pretender allegar más recursos a la tarea de la reconstrucción nacional, el financiamiento de la reconstrucción está plenamente garantizado por leyes que hemos aprobado en el Parlamento”, dijo el líder del PDC.

El dirigente enfatizó que la iniciativa gubernamental va a perjudicar a la gente. El Presidente Sebastián Piñera espera recaudar U$1600 millones por los títulos estatales en Esval, Essbio, Essal y Aguas Andinas.

Walker recordó que en 1998 bajo el gobierno del Presidente Eduardo Frei, con Ricardo Lagos de Ministro de Obras Públicas, el parlamento aprobó una ley estableciendo un participación mayoritaria del sector privado con el objeto de avanzar en la construcción de obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas. Se establecieron tres condiciones: un marco regulatorio establecido en la ley, un aumento significativo al subsidio del consumo de agua potable para los sectores más pobres y una participación minoritaria del estado de la propiedad de dichas empresas”.

En tanto, el diputado Marcelo Díaz (PS) dijo que la decisión del gobierno “sólo viene a profundizar el error que ya cometimos en los años 90 y ciertamente no ayuda en nada a asegurar un acceso equitativo de los chilenos a los servicios sanitarios, particularmente en zonas rurales y lugares apartados, donde vive gente de escasos recursos, que hasta hoy no cuentan con servicios dignos de un país que quiere ser desarrollado”.

El legislador de oposición llamó al gobierno a reconsiderar la medida, aduciendo que “junto con reconocer autocríticamente el error de la Concertación en este ámbito en los 90, esperamos que el Ejecutivo no incurra en lo mismo porque es el Estado quien debe procurar acceso igualitario a los servicios básicos”.

Ante el inminente anuncio presidencial sobre la venta de la totalidad de acciones que el Estado mantiene en las compañías sanitarias, los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya y Ernesto Silva, celebraron la determinación y expresaron su total respaldo.

“Apoyo completamente la señal que da el Ejecutivo de terminar la enajenación de las sanitarias. Junto al diputado Macaya, hace meses pedimos al Consejo Corfo que pusiera en tabla la discusión de la enajenación de la participación que quedaba en las sanitarias, especialmente la que tiene que ver con Aguas Andinas, Essbio, Esval, Essal”, dijo Silva, añadiendo que “nos parecía importante contar con esos recursos para la reconstrucción”.

A juicio del parlamentario gremialista, en la actualidad existen las condiciones regulatorias -a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios- para fiscalizar la tarea de estas empresas y asegurar su función pública.

Macaya añadió que, “con la llegada de un nuevo gobierno ha llegado el momento de concluir el proceso de privatizaciones iniciado durante la administración del ex presidente Eduardo Frei; están las condiciones adecuadas, dado que ya se privatizó parcialmente, existe un precio de referencia, las compañías están bien valoradas y, junto con ser beneficioso para el Estado, el privatizar estas compañías definitivamente permite priorizar la tarea estatal en la regulación y el aseguramiento del servicio a los usuarios”.

En esta línea, Silva puntualizó que “el Estado está cumpliendo hoy un doble rol, porque por una parte es propietario y por otra debe fiscalizar al sector a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios”.