El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo no sentirse preocupado por la posible acusación constitucional que presentarían en su contra diputados de la oposición, por los despidos en Atacama.

Según parlamentarios de la Concertación y del partido Comunista, la posibilidad de una acusación contra el secretario de Estado se basa en que la confección de lo que llamaron “listas negras”, que fueron ordenada desde Santiago, con las que se efectuaron los despidos en la región.

“Sinceramente no me preocupa, porque nosotros hemos actuado siempre dentro del marco de la ley”, sostuvo la autoridad.

A lo anterior agregó que estos anuncios hablan muy mal de la política, porque “primero (intenta) fijarse un blanco y después tratar de inventar los argumentos para llegar a ese blanco”.

Hinzpeter manifestó además que ha quedado en evidencia que “este no es un Gobierno que se ha especializado en efectuar despidos, al contrario, hemos sido muy respetuosos y vamos a seguir siendo muy respetuosos de todos los chilenos y especialmente de quienes con abnegación, sacrificio y profesionalismo trabajan en la administración pública”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, dijo sobre la acusación presentada contra la intendenta de Atacama, Ximena Matas y del gobernador, Nicolás Norman, que ojalá éstas y las que puedan venir “tengan fundamentos jurídicos, porque las acusaciones constitucionales son un instrumento que permiten poder fiscalizar, por lo tanto, la idea es que se utilicen como un instrumento que tenga su grado de pertinencia”.

Por lo que dijo que se revisarán los argumentos que se presenten “y se votará por los grados de asertividad que tenga esa acusación”, aunque planteó que espera que no se produzcan “arremetidas de utilización que no correspondan de este instrumento”.

En tanto, el diputado del PRI, Pedro Araya, sostuvo que “si hay fundamentos jurídicos para acusar lo vamos a analizar calmadamente una vez que conozcamos el antecedente”, evitando adelantar su apoyo o no al instrumento, para no “pronunciarse a favor o en contra sin conocer los antecedentes de fondo de la acusación”.