Como un chantaje calificó el diputado DC, Pablo Lorenzini, las presiones del Serviu para que familias de los fallecidos por derrumbe de edificio en Constitución tras el terremoto desistan de las denuncias.

El Parlamentario de la Democracia Cristiana calificó de inaceptable que se les exija a los pobladores desistirse de sus recursos judiciales, y de esa manera acceder a los beneficios para solucionar los problemas habitacionales que les aquejan.

Molesto se manifestó el diputado Lorenzini tras conocer antecedentes en los que se explicitan una serie de condicionantes, para que los pobladores de los colapsados departamentos del cerro O´Higgins en Constitución puedan acceder a las anheladas soluciones habitacionales.

En esa línea, y haciendo eco de la denuncia realizada por los afectados, el legislador maulino indicó que el pasado 25 de mayo, profesionales del Servicio de Vivienda y Urbanismo expusieron ante la comunidad que habitaba el malogrado conjunto habitacional, las denominadas bases generales de transacción judicial.

En él, explicó Lorenzini, se reconoce y así consta en el segundo punto de la presentación, que tras el terremoto los departamentos resultaron con graves daños que los hacen inhabitables, y que no pueden ser objeto de reparación, por lo que se deberá proceder a su demolición.

Asimismo, dijo, en el punto tercero, se especifica textualmente que “a objeto de dar solución al problema habitacional que enfrentan los pobladores, se ha puesto en marcha el plan de reconstrucción denominado “Chile Unido Reconstruye Mejor”, siendo el Serviu el órgano a cargo de implementar todas las acciones que sean necesarias para atender las necesidades habitacionales de los propietarios de los inmuebles.

“Hasta aquí todo bien, hasta que se detallan en el punto quinto los términos de suscripción del contrato de transacción extrajudicial. En el anexo 2, se indica que el propietario renunciará de modo expreso, cabal e inequívoco, a cualquier acción, sea ésta de naturaleza civil, penal o administrativa, que pudiera corresponderle”, precisó el parlamentario.
Pero es más, aseveró Lorenzini, también se señala que “deberán desistirse de las acciones que ya hubieren iniciado en contra del Serviu y/o del ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

A su juicio lo anterior se constituye en un “chantaje” para esas familias que aún siguen viviendo el dolor de haber perdido no sólo sus inmuebles, sino que también a sus amigos, familiares y hasta sus hijos.

“Al interponer acciones legales, las familias ejercieron un derecho consagrado, pues los perjuicios y daños sufridos son enormes. Entonces, la búsqueda de los responsables de lo sucedido, a través de la vía judicial, y lo que pueda resultar de aquello, no puede ser materia ni argumento para que el Serviu determine si apoya o no a los afectados”, puntualizó.

Hay que recordar que tras el desplome de este conjunto habitacional, fallecieron 8 personas y una treintena perdieron el sueño de toda una vida.