Luego de cien días del estreno de la anunciada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las instituciones del Estado están en deuda, según el segundo monitoreo realizado por la Corporación Participa.

El estudio constató que los organismos públicos dependientes del Estado están “al debe” a la hora de transparentar una serie de datos a través de su página web según la ley lo obliga, con un 92% de cumplimiento.

A juicio de la directora de la Corporación Participa, Andrea Sanhueza, esta cifra es buena, pero lo óptimo y lo esperable es un cumplimiento de la norma y eso significa la publicación del total de los datos.

Si bien hubo mejoras respecto del estudio anterior, como es el caso de la Secretaría General de la Presidencia, encargada de la implementación de esta norma, que subió de un 64% a un 94% de cumplimiento en transparencia activa, el Ministerio de Bienes Nacionales no ha mejorado su cumplimiento, ostentanto el mismo 89% de cumplimiento al inicio de la puesta en marcha.

Al respecto, el subsecretario de la Segpres, Edgardo Riveros, destacó que exista un avance en la puesta en marcha de esta ley, teniendo en cuenta el breve plazo en que se implementó.

El resto de los ministerios, en promedio, incrementaron su nivel de cumplimiento, en tres puntos, llegando al 95% de información disponible como lo dicta la ley; más abajo se posiciona la implementación por parte de las Superintendencias, que según el estudio cumplen sólo el 93%.