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Cannabis sativa a la Constitución: convencionales y organizaciones adelantaron aspectos del debate

Domingo 31 octubre de 2021 | 07:00
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¿Debería la nueva carta fundamental regular específicamente la cannabis sativa? Un grupo de convencionales y de organizaciones ligadas al mundo de esta planta dijeron que no, pero que se debería consagrar en el nuevo texto constitucional un marco de libertades personales y el derecho a la salud, lo que abriría la puerta para avanzar a su despenalización. No obstante, algunos subrayaron que esto es materia de ley, y debe ser discutido en detalle en el Congreso. En tanto, la fundación Daya convocará una iniciativa popular de norma constitucional, para lo que necesitarán reunir 15 mil firmas.

Actualmente la ley 20.000 penaliza a quienes distribuyen, producen, comercializan y trafican estupefacientes. Sin embargo, sí permite el consumo personal y la siembra autorizada bajo condiciones específicas, como su uso medicinal con receta médica. A pesar de esto, la línea entre consumo personal y tráfico suele ser muy difusa y actualmente genera controversias en el debate sobre una posible despenalización del uso del cannabis sativa en Chile.

Al respecto, cuatro constituyentes expresaron a Radio Bío Bío sus posturas respecto a la inclusión del cannabis sativa, o marihuana, dentro de la nueva constitución. Todos tienen matices, pero coinciden en algo: debe existir un marco que consagre las libertades personales.

La convencional Manuela Royo (D23-ind.) está de acuerdo con incluir el cannabis en la nueva carta magna: “Tenemos que consagrar el uso del cannabis sativa como una libertad personal. Basta de criminalizar su uso. El único fundamento de su criminalización y sanción es el daño a la salud pública, y creo que eso no sucede con este tipo de sustancias”.

Asimismo, sugirió incluir el debate en la comisión de derechos fundamentales, “desde la perspectiva del derecho a la salud con una perspectiva holística. No sólo incorporar las formas de medicina tradicionales, sino también perspectivas interculturales, en las que el uso de la cannabis medicinal debe ser protegido y no criminalizado”.

No obstante, adelantó que para ella la incorporación de estos derechos acerca del cannabis no contemplan incluir de forma explícita el nombre de la planta dentro de la nueva carta fundamental, “pero en la historia de la ley quedará establecida esta perspectiva”.

Es importante para Royo “mirar el ejemplo de otros estados, donde no solamente existe una legalización del uso de la cannabis, como en Montreal, Canadá, sino que también incluso se permite el uso de hongos psilocibios, alucinógenos”.

En concreto, en Estados Unidos, la ciudad de Denver, Colorado, despenalizó la psilocibina — componente activo de este tipo de setas— en 2019. El uso recreativo de la marihuana en este estado también fue despenalizado en 2012.

El abogado y constituyente Mauricio Daza tuvo una opinión similar. Condenó la “persecución criminal del consumo de cannabis en cualquiera de sus formas, ya sea para uso medicinal o recreativo”, ya que estimó que “la marihuana ha demostrado ser una sustancia que atenta en menor grado que otras drogas a la salud pública”.

En tanto, valoró que los esfuerzos del Estado deben centrarse “en enfrentar el crimen organizado relacionado a otro tipo de drogas, como la cocaína, la heroína, la pasta base”.

Y tal como Royo, propuso fijarse en la experiencia en otras latitudes, “como Europa, Uruguay y estados dentro de Estados Unidos, como Washington, que ha permitido el uso libre de la marihuana en forma regulada. De esa manera también se ha podido enfrentar de manera más exitosa a los grupos ilegales que se dedicaban a su venta, y sobre todo, los problemas de salud pública que se pueden generar en ese ámbito”.

¿Debería entonces, para Daza, estar la palabra “cannabis” en el nuevo texto constitucional? “No sé si es que es necesario. Esta es una materia muy específica para estar en la constitución, y regular estas materias aquí, creo que excede un poco lo que es el ámbito propio de lo que es una carta fundamental. No podemos tener una constitución de 500 artículos, porque debemos dejar un espacio para que la ley también pueda funcionar y que esto sea definido por el nuevo Congreso Nacional. Pero sí, establecer un marco general para que esas políticas públicas se puedan diseñar e implementar”, pronunció el magallánico.

El escritor Jorge Baradit (D10-ind. PS) está a favor del uso medicinal de la cannabis, “está más que probado y debe estar al alcance de las personas”.

Pese a esto, arguyó que “hay una legislación al respecto que llevar adelante, pero eso no es trabajo de la constituyente”, y que el concepto de cannabis no se debería incluir dentro de la constitución: “Es como incluir los antibióticos. La constitución no es para eso”.

Otro convencional que tampoco cree en la inclusión puntual de la cannabis en el debate constituyente es el vicepresidente Pedro Muñoz (D24-PS): “No necesariamente debe quedar reconocida en la constitución, pero sí establecer un marco normativo que garantice las libertades personales”.

Y subrayó que está a favor del autocultivo y de la legalización del cannabis, pero que estos temas deben ser materia de ley: “Yo le diría a los legisladores que apuraran el tranco, porque ya hay otros países que ya tienen una regulación de esta materia. Hay distintos sistemas y alternativas. También es importante, además de darle espacio a las libertades y garantizarlas, combatir el narcotráfico”.

Organizaciones

La actriz Ana María Gazmuri es fundadora de la Fundación Daya, destinada a ofrecer asesorías, terapias y promover el uso del cannabis medicinal. “Preferimos hablar de cannabis, no de marihuana”, abrió.

Hoy, Gazmuri también es candidata a diputada independiente en cupo Comunes por Chile Digno en el distrito 12. Y explicó sobre las labores de Daya: “Es un centro médico que atiende a pacientes en diferentes áreas: oncológica, con pacientes de todo tipo, incluso pediátricos; neurológica pediátrica y adultos; dolor crónico; reumatológica; traumatológica; dermatológica y de salud mental”.

Aclara, asimismo, que cuando habla de uso medicinal, en ningún caso se refiere a fumar la yerba. “Ese formato está excluido, nunca se sugiere ni se prescribe. Sí se prescribe vaporizar, porque fumar tiene un efecto dañino sobre los pulmones. La vaporización tiene el principio activo, pero limpio. También hay usos orales, sublinguales y tópicos. Estos últimos son prescritos a los pacientes pediátricos”.

En Chile actualmente existen a la venta medicamentos en farmacias con THC con componente activo. No obstante, advirtió Gazmuri, sus precios son altos: “Cuesta $650.000. También hay formulaciones magistrales, que se pueden hacer con todas las combinaciones de radio entre THC, que es el componente psicoactivo, y el CBD, que es el componente ansiolítico y antipsicótico. Estas rondan entre los $55.000 y los $290.000. Caros aún para muchos, en contraste a tener un autocultivo”.

Al respecto, comentó que buscan poner en el debate constituyente este tipo de terapia de dos formas. La primera, es que presentarán una moción con el apoyo de ocho constituyentes, entre quienes se cuentan Manuela Royo, Alejandra Pérez, Mariela Serey, entre otros.

La segunda es generar una iniciativa popular de norma constitucional, mecanismo consagrado en el reglamento de Participación Popular, en que se deben juntar 15 mil firmas entre al menos cuatro regiones del país para presentar una propuesta de norma que se consideraría equivalente a una propuesta presentada por un convencional constituyente.

La candidata ratificó que verán la forma de instalar un artículo constitucional. Y que en conversaciones con abogados han salido propuestas. Una de ellas es escribir: “Los seres humanos tendrán derecho a la autodeterminación y pueden decidir su vida y adoptar decisiones en libertad, sobre la base de lo que la voluntad designe. Todo ello con respeto a los derechos ajenos y a los límites básicos que señala la ley”.

Asimismo, la actriz manifestó su preocupación por los allanamientos y causas en contra de quienes ella, asegura, que son usuarios medicinales de cannabis, a pesar de que en la ley 20.000 se permite el cultivo para uso personal medicinal.

“Actualmente estoy acompañando más de 100 causas judiciales por allanamientos. Están condenando por cultivo. Antes, si se descartaba el tráfico y había solo cultivo, estabas sobreseído, porque evidentemente era para consumo personal. Ahora, se descarta el tráfico y condenan por cultivo, lo que es un absurdo en sí mismo. Estamos viendo pacientes que cultivaban tres plantas y que tenían su receta médica al día, y estuvieron un mes en prisión preventiva en cárcel de alta seguridad. Otros, condenado a cuatro años y medio, con receta médica. Uno en Cauquenes y otro en Punta Arenas. Eso estamos enfrentando”, lamentó la candidata.

Por esto, contó Gazmuri, buscarán exigir constitucionalmente estándares para tipificar los delitos, “lo cual inmediatamente excluiría al autocultivo con fines medicinales o recreativos”.

Y adelantó una posibilidad de redacción de artículo: “Las leyes penales deberán proteger sólo aquellos casos en que sean amenazados o vulnerados bienes jurídicos relevantes para la convivencia social. El Estado perseguirá los delitos respetando, en todo caso, la dignidad humana”.

“No he tenido contactos con constituyentes. Me he mantenido silencioso, pero estaré abierto a compartir mis conocimientos con quien me pregunte”, extendió Álvaro Gómez, fundador de Agrofuturo. El ingeniero agrónomo atendió preguntas desde Los Ángeles, donde su empresa tiene un terreno de 1.7 hectáreas con 17 mil plantas de cannabis. Producen cáñamo industrial, que se usa, explicó, para producir granos, extraer aceite, producir proteína, fibras, ropa, celulosa, construcciones, entre otros.

Una vez al año su cosecha total es de 3 mil kilos de flores — o cogollos— , de las que sacan 10 litros de aceite esencial. Y constató que la diferencia entre el cannabis con el industrial es que este último tiene menos de un 1% de THC: “Un cogollo promedio está alrededor del 7% al 10% de THC. Pero el cáñamo industrial tiene menos de un 1%. Tendrían que fumar bastante para que haga un efecto”.

En añadidura, a pesar de que el empresario se mostró reticente de que haya alguna mención al cannabis en el nuevo texto constitucional, sí aprobó que exista un marco que entregue libertades personales.

“La Constitución es un marco que permite ordenarnos internamente; nos da derechos y deberes. Si queda escrito, perfecto, pero creo que no es intrínsecamente necesario que esté escrito. ¿Qué vas a consagrar? ¿El uso del cannabis, o que las personas tengan derecho a usar lo que quieran dentro de su autodeterminación? Se trata de consagrar una libertad de uso tanto medicinal como recreacional”.

Gómez espera que la sociedad comprenda que el cannabis es una “medicina y un producto ancestral”, y que cambie la visión negativa que se tiene de ella: “Desde los años ochenta nos bombardearon diciéndonos que el cannabis nos convierte en personas tontas. Que su aroma te tenía que molestar, que no era algo bueno. Hay una mala visión de lo que se entiende por estar volado. Yo mismo pensaba así, hasta que lo conocí y me di cuenta que estaba equivocado, que eran solo prejuicios”, cerró.

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