Revertir discursos comunicacionales sesgados, que buscan culpar al sector forestal o a los árboles por quemarse, es de la máxima importancia, ya que condicionan el tipo de estrategias con que se enfrenta este flagelo.
Más allá del despliegue de recursos y de la planificación que cada temporada exige la prevención y el combate de incendios forestales en Chile, es indispensable llamar la atención sobre el despliegue comunicacional que acompaña a estos eventos, especialmente durante la época más compleja de la temporada (octubre–marzo).
La forma en que se cubren comunicacionalmente estos hechos por parte de la prensa y las autoridades no es trivial, ya que condiciona la percepción de la población y, en última instancia, las políticas públicas con que se termina abordando este flagelo.
Por una parte, abundan los lugares comunes en el tratamiento mediático, repitiendo la letanía de que el 99,7% de los incendios son provocados por las personas y que, de ese porcentaje, al menos dos tercios corresponderían a negligencia y un tercio a intencionalidad, según cifras oficiales de Conaf.
Sin embargo, los gremios vinculados al sector forestal buscan visibilizar cada año con mayor fuerza el fenómeno de la intencionalidad en las regiones forestales, donde supera ampliamente el promedio nacional, alcanzando cerca del 50% en las regiones del Biobío y La Araucanía, y superando el 70% en algunas comunas específicas de dichas regiones.
Por su parte, la autoridad insiste en comunicar únicamente el promedio nacional, minimizando la relevancia de la intencionalidad como factor central a abordar cada temporada. Al focalizarse en este promedio, se omite un aspecto clave que la prensa rara vez cuestiona: un incendio de origen intencional puede afectar una superficie varias veces mayor que uno provocado por negligencia. En consecuencia, esta discusión no es meramente semántica.
Desde el punto de vista comunicacional, junto con restarle importancia al fenómeno de la intencionalidad, la autoridad concentra su discurso en el incremento sistemático del presupuesto destinado a la prevención y al combate de incendios, el cual efectivamente se ha duplicado en comparación con cinco años atrás.
Sin embargo, se omite señalar que este aumento de recursos no guarda una relación directa con una disminución equivalente de la superficie afectada, como se aprecia en la siguiente tabla:

El debate comunicacional sobre la negligencia versus la intencionalidad en el origen de los incendios forestales no es trivial. La intencionalidad resulta incómoda para la autoridad, ya que desnuda impotencia frente a un fenómeno recurrente que no solo le cuesta al país miles de millones de dólares, sino que también ha incrementado la tasa de fatalidad, tanto de combatientes como de población en general.
Este fenómeno tendría su origen, de manera relevante, en problemas de seguridad pública no reconocidos ni asumidos, prefiriéndose describir los incendios desde una perspectiva climática y, por lo tanto, hasta cierto punto inevitable.
En este escenario, somos testigos de cómo la autoridad y otros actores enmarcan los incendios forestales dentro del concepto de “desastres naturales”, colocándolos al mismo nivel que terremotos, marejadas, inundaciones o erupciones volcánicas.
Lo cierto es que debemos matizar la estrategia comunicacional climática de los incendios forestales y complementarla con el reconocimiento explícito del componente delictual e intencional de una parte significativa de los siniestros en la zona sur del país. Los incendios forestales no son desastres naturales, no pueden serlo si tienen un origen humano, y esta antinomia debe ser visibilizada.
Revertir discursos comunicacionales sesgados, que buscan culpar al sector forestal o a los árboles por quemarse, es de la máxima importancia, ya que condicionan el tipo de estrategias con que se enfrenta este flagelo.
Desde una perspectiva operativa, resulta evidente que incrementos sustantivos del financiamiento para el combate no redundan en disminuciones significativas de la superficie quemada, desplazando recursos que podrían destinarse a la prevención de la ocurrencia mediante políticas efectivas de prevención del delito.
Porque es necesario reiterarlo con claridad: los incendios forestales no son desastres naturales, son delitos provocados por las personas.
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