La controversia entre el Gobierno y el Partido Socialista escaló ayer martes en el Congreso, luego que se impidiera el acceso de subsecretarios y asesores del Ejecutivo a las comisiones legislativas.
En concreto, parlamentarios del PS negaron el ingreso al Senado a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia; el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga; y el de Presidencia, Claudio Alvarado, como forma de protesta por las declaraciones de la vocera Cecilia Pérez, quien acusó al PS de querer esconder sus vínculos con el narcotráfico mediante un voladero de luces: la acusación constitucional a la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
“Ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico”, dijo Pérez el lunes, con cuyos dichos encendió la polémica.
Debido a lo ocurrido, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, realizó un llamado a terminar con el impedimento del normal funcionamiento y debate legislativo dentro del Senado, ocasionado al bloquear el ingreso a los subsecretarios. Y, asimismo, a esa hora esperaba que la situación no se replicara en la Cámara.
Pero más tarde el diputado Marcelo Díaz (PS) pidió la salida de la Comisión de Constitución de la Cámara al asesor jefe de la División de Relaciones Políticas de la Segpres, Máximo Pávez.
En respuesta, para contrarrestar dicha ofensiva, diputados de Chile Vamos solicitaron una sesión especial para analizar la penetración del narcotráfico en instituciones públicas, especialmente en partidos políticos.
La instancia fue solicitada por Paulina Núñez (RN), Juan Antonio Coloma (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli), a quienes se sumaron los RN Diego Schalper, Sebastián Torrealba y Jorge Rathgeb.
Aunque dijeron que su acción no es una respuesta ante la arremetida del PS contra la ministra Cubillos, Nuñez remarcó que “ha pasado el tiempo suficiente para que Chile sepa la verdad y al parecer no hay mucho ánimo de la directiva del PS”.
“Nosotros no hemos hecho nada distinto a lo que hicieron los diputados socialistas dos meses atrás. De hecho, ellos fueron mucho más duros y anunciaron –con bombos y platillos-, a través de una carta firmada por dos precandidatos presidenciales, que el germen de la corrupción se estaba instalando en el PS y que estábamos ante un hecho de una gravedad gigantesca”, señaló Coloma.
Y lo cierto es que, pese a la molestia de la colectividad ante las declaraciones de Pérez, en junio de 2019, el expresidente del PS, Osvaldo Andrade, fue uno de los que admitió la existencia de militantes ligados al narcotráfico.
Por lo mismo el propio presidente Piñera salió a defender a la portavoz de La Moneda de la lluvia de críticas en su contra. “La ministra Cecilia Pérez ha hecho una pregunta muy simple y lo que corresponde más que amenazas es que exista una respuesta muy clara”, sostuvo el Mandatario.
En tanto, la aludida -que fue emplazada a retractarse- remarcó que no tiene por qué pedir disculpas.
“Acá lo que corresponde es que haya claridad frente a hechos de eventuales nexos del narcotráfico con militantes del PS de San Ramón”, disparó.
Sin embargo, el PS no se salió de su libreto. El senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, enfatizó que “es necesario cuidar el lenguaje”.
“Creemos que aquí ha habido una lógica de descalificación que es francamente inaceptable, y tenemos que preservar una forma de convivencia en que nos respetemos en la diversidad. El Gobierno no puede pretender descalificar a quienes pensemos distinto”, subrayó.
A su vez, el senador Felipe Harboe enfatizó en que los dichos de Cecilia Pérez deben ser una cortina de humo relacionada a las denuncias por presunto abuso sexual contra Bernardino Piñera, ya que de otra forma entraría al “Guiness por ineptitud política”.
En tanto, la senadora de la DC, Yasna Provoste, aseguró que los dichos no sólo son un golpe contra el PS, sino contra la democracia, por lo que, junto a otros senadores, acudirán hasta los tribunales de justicia para exigir que Pérez efectúe su denuncia.
“Vamos a concurrir al Ministerio Público para que ella haga lo que le corresponde hacer a cualquier funcionario público, porque o si no está faltando a su deber”, aseveró.
Todos contra Cubillos
Y sobre el eventual juicio político a la titular de Educación, en la bancada del PS anunciaron que presentarán las firmas para iniciar el proceso este jueves, con firmas de las bancadas de oposición.
La única excepción sería el Frente Amplio, que decidió marginarse de las firmas -debido a que el PS no les entregó el texto para analizar los argumentos jurídicos-, aunque estarían dispuestos a respaldar con votos en la Sala cuando se vote el libelo acusatorio.
Entre los cuestionamientos hacia la ministra se cuenta la posible utilización de recursos públicos para informar acerca del sistema de admisión; la falta de antecedentes sobre la implementación de la Ley de Centros de Formación Técnica Estatales y una supuesta negligencia en la aplicación de la ley de Nueva Educación Pública.
