En lo que va del 2017, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones ha recibido tres órdenes para investigar posibles fraudes ocurridos en edificios de la Región Metropolitana, que en algunos casos alcanza un montos no justificados de $150 millones.
Así lo aseguró El Mercurio en su edición impresa, quienes consignaron que lo anterior se explica principalmente por el uso de talonarios falsos para cobrar mensualidades, adulterar la contabilidad con pagos inexistentes o incluir los gastos personales de los administradores en los de copropiedad.
El subprefecto José Guitérrez, quien es jefe de la Bridec, aseguró al medio que la cifra de denuncias es muy mínima con lo que podría estar pasando efectivamente. “Hay casos que, no me cabe la menor duda, no han sido denunciados y los copropietarios han asumido la responsabilidad económica”, indicó.
Las irregularidades en el edificio Parque Avenida Ossa, en Ñuñoa, abrieron las sospechas luego de que se registraran sueldos impagos por cerca de $4 millones, déficit de $27 millones en la caja de fondo y $120 millones en pagos injustificados, cifra que se obtuvo luego de una auditoría entre 2010 y 2015.
Los dardos apuntan al anterior administrador del lugar, quien luego de los hechos renunció al cargo. Carlos Ossandón, quien asumió el puesto, aseguró que están parchando los pagos para no tener problemas con los proveedores, pero que efectivamente no hay dinero.
El acusado ya fue formalizado en una primera instancia por apropiación indebida de cerca de $7 millones, pero que la investigación arrojó falencias por otros $120 millones, situación que se estaría replicando en otros sectores de la capital.
Un edificio de Santiago centro también vivió dicha situación a mediados del 2016, cuando se detectó que habían cheques cobrados por caja y no depositados en las cuentas corrientes de los proveedores. Al igual que en Ñuñoa, los ojos se pusieron sobre la ex administración, en donde la encargada también renunció y hoy se encuentra fuera de Chile.
