En acuerdo, es decir, pendiente dejó la Corte Suprema el fallo en el caso del exdirector de la Corporación de Asistencia del Bío Bío, Pablo Millán, quien demandó al Ministerio de Justicia por su despido de la repartición, denunciando motivaciones políticas que habría tenido el seremi Jorge Cáceres para buscar la desvinculación.
Esto último fue acreditado por el Juzgado del Trabajo y la Corte de Apelaciones de Concepción.
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Debido a esto fue que se ordenó al Fisco pagar 40 millones de pesos como indemnización, al acoger la demanda de tutela laboral, en sentencias impugnadas por la defensa del ministerio a través de un recurso de unificación ante el máximo tribunal.
Lo que busca el Ministerio de Justicia es que la Suprema revoque el fallo y se resuelva que el despido de Millán -aprobado por la mayoría del Consejo de la Corporación de Asistencia Judicial presidido por el seremi Cáceres- se ajustó a lo que contempla la ley y se rechace el pago de la millonaria indemnización.
