El Presidente Sebastián Piñera instruyó este viernes el retorno gradual de los funcionarios públicos al trabajo presencial durante abril, la medida generó reacciones inmediatas en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, quienes acusaron al Gobierno de priorizar el interés económico por sobre la protección de la salud y vida de los chilenos.
Afirman que “las medidas de carácter fiscal adoptadas privilegian al gran empresariado, descargando sobre los trabajadores y sobre la función pública sus costos”.
Desde la directiva indican que el Gobierno hace eco de las exigencias del sector financiero y empresarial para “normalizar la actividad del país, asumiendo los costos en vidas que tendrían el levantamiento de las limitadas corporativas”.
Por eso, aseguran que “se trata de una irresponsabilidad criminal”, el oficio presentado por el Ejecutivo, porque “nuestro país se encuentra ad portas de iniciar el período invernal, con el consiguiente incremento de enfermedades respiratorias, lo que los salubristas han indicado, incrementa el riesgo de contagio y agravará la letalidad del Covid-19”.
Apelan que son miles de trabajadores del Estado que están hoy cumpliendo funciones presenciales a lo largo del país, como los de la red Pública de Salud centralizada y municipal, y también los de las fronteras, en los aeropuertos, puertos, en los centros penales, en las tareas de salud pública, en la protección de la infancia, y tantos otros en puestos estratégicos del Estado que siguen cumpliendo sus labores. A ellos, se le suman otros miles que adoptaron la modalidad de trabajo remoto.
“En este contexto, y desde el rol social que cumplimos, hemos visto con satisfacción, cómo el gobierno ha debido asumir por la fuerza de los hechos el rol insustituible que cumplen los funcionarios públicos para la viabilidad de la supervivencia de la sociedad. Desde la autoridad se nos reconoce y aplaude. Pero decimos con claridad que no necesitamos aplausos, sino que se garanticen las condiciones laborales adecuadas para cumplir nuestras funciones, y enfocar de forma coordinada todos los esfuerzos del Estado para llegar a la población que requiere, hoy más que nunca, la presencia de políticas públicas y de acciones concretas para enfrentar los efectos sanitarios, económicos y sociales que la pandemia provoca”.
Sin embargo, estiman que “el único planteamiento realizado desde el Gobierno fue su voluntad de ‘normalizar’ el trabajo presencial, atendiendo a la evaluación que las modalidades de trabajo remoto no resultaban efectivas”.
Insisten en que no solo se trata de proteger la salud e integridad física de los funcionarios públicos, sino de “proteger a la población y a los usuarios de los servicios públicos, para impedir que nuestros espacios de atención masiva se transformen en focos de contagio y expansión de la pandemia, tal como ya ocurrió en etapas iniciales de la crisis”.
