El abogado querellante de los casos Penta y SQM, Mauricio Daza, reaccionó tras conocerse el acuerdo al que accedieron los imputados y controladores de Penta Carlos Délano y Carlos Lavín, que les permitiría cumplir una pena remitida de cuatro años como culpables de delitos tributarios.
Daza calificó como “inconsistente” la actitud del Ministerio Público y aseguró que además “es impresentable” que el los persecutores renunciaran a la imputación del delito de cohecho para Pablo Wagner, planteándolo sólo como “enriquecimiento injustificado”, calificación que se omitió para el caso de Lavín y Délano.
Desde la Asociación Nacional de Fiscales, su presidenta Trinidad Steinert planteó que es necesario aumentar las penas para los responsables de delitos tributarios. Steinert agregó que los fiscales siempre deben llegar al juicio oral y evitar salidas alternativas.
“Lo deseable siempre es el juicio oral, porque es la manifestación del trabajo que nosotros realizamos en cuanto a investigación”, enfatizó.
El senador demócratacristiano integrante de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara, Francisco Huenchumilla, expresó que el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los controladores de Penta es una mala señal para la ciudadanía. “Tenemos que dar señales en que aquí somos todos iguales ante la ley”, dijo.
Al principio de la investigación, tanto para Carlos Lavín y Carlos Délano se había solicitado diez años de cárcel por delitos tributarios, sobornos y una multa 300 por ciento superior al monto de la elusión. Mientras que para el exsubsecretario Wagner, la fiscalía apoyaba la solicitud de pena en los delitos de cohecho y lavado de activos.
En definitiva, el acuerdo entre el Fiscal Manuel Guerra y la defensa de los controladores de Penta permitirá que sean cuatro años de libertad vigilada para Délano y Lavín, accediendo a un procedimiento abreviado y así evitando el juicio oral.
A la condena, se le deben descontar los más de nueves meses que ambos imputados han cumplido en régimen de prisión preventiva, arresto domiciliario total y arresto domiciliario nocturno, a la espera de la sanción económica que está “calculando” el Servicio de Impuestos Internos.
