Durante la mañana de este martes, el matrimonio Dávalos-Compagnon acudió hasta la Fiscalía Regional de O’Higgins para declarar por la arista de estafa del Caso Caval.
En concreto, dicha acción judicial deriva de la querella interpuesta por el empresario Gonzalo Vial Concha, quien pagó cerca de $1.000 millones por informes que habrían sido plagiados o de escaso valor.
Esta jornada sí se presentaron, a diferencia del pasado 10 de enero, cuando Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon se excusaron de ir a declarar a la Fiscalía de O’Higgins, pese a que debían presentarse esa mañana a las 09:00 horas.
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En el interrogatorio ante la fiscalía el 13 de abril de 2015, Dávalos reconoció que en el primer semestre de 2012 realizó labores paralelas para la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) y para Caval: la sociedad de la que era parte su esposa.
En tanto, el socio de Compagnon en ese entonces, Mauricio Valero, el 29 de noviembre vinculó e involucró directamente al hijo de Bachelet en los negocios. Dijo que había realizado informes para Vial Concha mientras se desempeñaba como asistente en la Dirección General de Relaciones Exteriores.
De hecho, Fiscalía también investiga cinco boletas por $10 millones que fueron emitidas, según Valero, por el propio Sebastián Dávalos a Caval mientras era funcionario de Gobierno, bajo la glosa de “asesorías comunicacionales”, cuando realmente habrían sido emitidas por trabajos efectuados por Vial Concha.
Tras declarar ante el Ministerio Público, ambos se retiraron de las oficinas de la Fiscalía pasadas las 13:00 horas.
Arista madre y sobreseimiento definitivo de Dávalos
En las indagatorias anteriormente mencionadas, ambos permanecen en calidad de imputados, pese a que el pasado 2 de enero el hijo de la presidenta Bachelet fue sobreseido definitivamente de la arista madre del caso Caval, el cual indagaba su responsabilidad respecto al tráfico de influencias en la adquisición de un terreno en Machalí, a través de un crédito que obtuvo en el Banco de Chile.
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En concreto, la Fiscalía buscó probar que Dávalos tuvo ingerencia en el cambio del plano regulador de la comuna, para modificar el uso de suelo del predio que al momento de su compra era agrícola, lo que beneficiaría en el mediano plazo a la empresa Caval, propiedad de su mujer, Natalia Compagnon.
Sin embargo, y tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua, todas estas presunciones quedaron descartadas, dejando a Dávalos sin ningún tipo de responsabilidad penal frente a esa arista del caso.
