La Corte de Apelaciones rechazó un recurso presentado por la Comunidad Edificio Espacio Los Leones en contra de la Municipalidad de Providencia por la construcción de un memorial que recuerda a las víctimas del denominado Caso Degollados.

Con dicho monumento, la municipalidad busca recordar a los profesores Santiago Esteban Nattino Allende, Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, y José Manuel Parada Maluenda, quienes fueron secuestrados a fines de marzo de 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros.

Los cuerpos de los tres docentes fueron encontrados degollados y con evidentes signos de tortura el 30 de marzo cerca del aeropuerto Pudahuel.

El proyecto fue inmediatamente rechazado por los vecinos de la comunidad, dado que no deseaban que el lugar en donde residen sea asociado “hechos de carácter político, ya que ello motivará que en el frontis del mismo se realicen concentraciones de esa índole que afectarán su seguridad e integridad”.

Al respecto, la Corte de Apelaciones falló en contra de los vecinos argumentando que “en todo este procedimiento no se observa de manera alguna que las decisiones adoptadas obedezcan al mero capricho de la Municipalidad recurrida, sino que, por el contrario, ellas fueron el producto final de un proceso que implicó la recepción de una propuesta, más de una reunión con la comunidad recurrente y una con dos Juntas de Vecinos y un encuentro de amplia convocatoria”.

“Todo lo anterior permite descartar arbitrariedad en la actuación de la Municipalidad recurrida”, explica la sentencia.

A eso se agrega que, “en cuanto a los memoriales como política de preservación de la memoria, señala que ello es deber estatal y que, en Chile, se relaciona con el período comprendido entre los años 1973-1990, precisando, además, que los monumentos a la memoria tienen por objeto generar una reflexión ética sobre la memoria, solidaridad y la importancia de los derechos, creando una fortaleza de la voluntad nacional para que nunca más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano y, en el presente caso, considera imprescindible un memorial que venga a recordar a las víctimas del delito de secuestro perpetrado el 29 de marzo de 1985 y que por lo demás materializa el deber del Estado de Chile en materias de verdad y memoria”.