La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisa desde las 8.30 horas de este viernes el recurso del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que solicita la prisión preventiva de los tres ex proveedores del Ejército formalizados en el caso del millonario fraude al interior de la institución con dineros de la Ley Reservada del Cobre que supera los mil millones.
En el requerimiento el CDE considera un agravio la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que la semana pasada rechazó la necesidad de cautela de prisión preventiva en contra de Francisco Javier Hunicahue, Raúl Fuentes y César Fuentes Campusano, que ahora cumplen las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual tras ser formalizados por fraude al fisco.
Las pesquisas apuntan a que un grupo de funcionarios del Ejército se coludieron para defraudar a a la institución. El mecanismo utilizado fue la utilización de facturas ideológicamente falsas, para hacerse de dineros de la Ley Reservada del Cobre.
La audiencia de revisión de medidas cautelares se ventilará en medio de los últimos antecedentes que se conocieron ayer en este caso, específicamente en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, sobre la eliminación de datos de los servidores y computadores del Comando de Apoyo de la Fuerza.
La eliminación de información sensible para la investigación fue revelada ante la comisión por el general en retiro Héctor Ureta, quien precisó que el borrado de los equipos se produjo cuando el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Rojas, los dos principales imputados en el caso, ya se encontraban detenidos, apuntando a que no podían ser responsables.
El diputado DC, Jaime Pilowsky, presidente de la Comisión Investigadora, adelantó que serán citados todos los generales que estuvieron al mando del Comando de Apoyo de la Fuerza, para que den cuenta de las razones por las cuales fallaron los sistemas de control en dicha unidad del Ejército. Incluso, dijo que podían existir más involucrados.
Intentamos obtener reacciones del Ejército pero el comandante en jefe de la institución, Humberto Oviedo, eludió referirse al tema. Ayer visitó al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, pero finalmente se retiró este mediodía del palacio de tribunales por una salida alternativa a la habitual.
Desde el gobierno, el vocero Marcelo Díaz dijo que se debe seguir las responsabilidades si hay irregularidades.
Esta causa se sustancia de forma paralela por dos organismos persecutores, el Ministerio Público y también la Fiscalía Militar. Sin embargo, la querella presentada la semana pasada por el SII, por delitos tributarios que incluye a los civiles y los militares en retiro, permitiría a la fiscal centro norte Ximena Chong agrupar las pesquisas en una sola causa.
