En un informe entregado por Óscar Landerretche, presidente del directorio de Codelco, se conforma que la minera estatal pagó cerca de 1 millón de dólares a empresas y personeros ligados al oficialismo por estudios, informes y asesorías.

Según publica La Tercera, estos pagos se han hecho efectivos desde 1997 y quedaron al descubierto luego que Landerretche enviara un informe a la Cámara de Diputados tras recibir diversos oficios emanados desde la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Entre quienes recibieron pagos desde la estatal se encuentra el actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Jorge Insunza (PPD), la diputada del Partido Socialista (PS) Denise Pascal, el diputado Demócrata Cristiano (DC), Patricio Vallespín y los ex diputados DC Renán Fuentealba y Esteban Valenzuela.

Con respecto al ministro Jorge Insunza, éste realizó una asesoría por 27 mil dólares entre los años 1997 y 98 mediante su empresa Sistema Consultores.

Cuatro años más tarde la empresa nuevamente mantiene un contrato por una “asesoría comunicacional en el marco político, económico y jurídico para Codelco” por un total de 122 mil 257 dólares.

En 2007 realizan un nuevo trabajo para Codelco por un total de 6 mil 336 dólares. Un año más tarde la empresa de Insunza recibe 34 mil 200 dólares por una nueva asesoría. Dos años después se les encarga un nuevo trabajo por el cual se les pagó 18 mil 144 dólares. Durante el 2010 reciben un nuevo pago por 22 mil 032 dólares y al año siguiente reciben, por otro trabajo, 19 mil 488 dólares.

La empresa fundada por el ministro Insunza realiza un último trabajo en 2014 por un “servicio de análisis sistémico de variables políticas”.

Desde la Segpres aseguraron que el ministro, actualmente, no mantiene ningún vínculo con la empresa Sistema Consultores, la que actualmente se encuentra bajo la dirección de su hermana y su esposa.

La respuesta de Codelco

Codelco emitió durante la mañana un comunicado de prensa en donde explica que la mayoría de los contratos corresponden a un periodo de tiempo comprendido entre 1995 y 2005, los que “fueron investigados por una comisión de la Cámara de Diputados y por la Contraloría General de la República”.

Junto con ello, desde la empresa aseguraron que “ninguno de los contratos aludidos en el artículo fueron suscritos durante la presente administración”.

“Codelco se encuentra revisando todos los contratos con personas políticamente expuestas con el fin de dar garantías a la opinión pública y a la ciudadanía de que los recursos de todos están siendo empleados correctamente. Los resultados de estos análisis serán públicos”.