Tras más de 21 horas de debate, la mañana de este miércoles el Senado terminó de aprobar la reforma al sistema electoral binominal que databa de 1989, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.

Después de 24 años, la Cámara Alta aprobó el fin de un intrincado sistema electoral diseñado para asegurar el peso en el Congreso de los partidos conservadores ante la centroizquierda, para dar paso a uno de carácter proporcional.

La aprobación fue celebrada por el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien aseguró que “esto permite terminar con un sistema electoral único en el mundo y que le ha hecho mucho daño a la democracia chilena”.

“Nos sentimos tremendamente orgullosos de decir que hemos logrado algo histórico”, agregó por su parte la presidenta del Senado, la socialista Isabel Allende.

La aprobación se logró después de múltiples intentos fallidos por reformar el sistema instaurado en 1980 y que mantuvo excluidas a las minorías políticas, como los partidos comunista y humanista. El PC sólo logró llegar al Congreso tras unirse al pacto Nueva Mayoría en las pasadas elecciones.

El sistema, único en el mundo, dividía el país en distritos electorales donde se elegían dos representantes inscritos en listas electorales. Para que los dos candidatos de una lista fueran elegidos, debían doblar a la otra en cantidad de votantes.

Si una lista no conseguía doblar la votación de la otra, resultaba electo un candidato de cada una de ella. Así muchas veces fueron elegidos parlamentarios que habían obtenido el tercer lugar en número de votos.

El sistema permitió a la derecha equiparar su fuerza electoral en el Parlamento con la centroizquierda, que históricamente ha sido mayoría en el país. También posibilitó durante los casi 25 años de democracia la consolidación de dos grandes alianzas políticas, excluyendo a las minorías.

Un cambio con votos opositores

La aprobación de la reforma fue posible gracias al voto de dos senadores de oposición, los ex miembros de partidos de derecha Antonio Horvath y Lily Pérez, que ahora accedieron a la modificación de un sistema electoral que por años le permitió a este sector mantener vigente la herencia de la última dictadura.

Para que se convierta en ley, el proyecto debe volver ahora a la Cámara de Diputados –donde el oficialismo tiene mayoría- para que apruebe las modificaciones introducidas en el Senado.

El Gobierno de la socialista Michelle Bachelet se comprometió a promulgar el proyecto antes del 31 de enero.

Pero la derecha anunció que llevará la nueva ley ante el Tribunal Constitucional, para que revise su legalidad.

“El proyecto no solamente es injusto, sino que es constitucionalmente inadmisible”, criticó el senador Hernán Larraín, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos que más se ha beneficiado del sistema.

El nuevo sistema electoral aprobado aumenta el número de diputados de 120 a 155, mientras que el Senado crece de 38 a 50 representantes, para supuestamente asegurar una mejor representación de los distintos sectores políticos.

“Es el inicio de una nueva etapa y a la vez el fin de una de las herencias más nefastas de la dictadura”, dijo el senador socialista Juan Pablo Letelier.

La iniciativa establece además una cuota de género, en la que al menos un 40% de los candidatos deben ser mujeres y facilita la conformación de nuevos partidos políticos.