De visita en Los Ángeles el principal accionista de Cencosud, Horst Paulmann, se refirió al operativo que hubo ayer miércoles en las cuatro grandes cadenas de supermercados y la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado por contrabando y millonario fraude al fisco.

Sobre los allanamientos que sufrieron las oficinas de la cadena, indicó que “siempre hemos tratado de cumplir con las leyes y que no todos los empresarios somos sinvergüenzas; agregando que necesitan que las personas y el Gobierno confíen en sus empresarios, para que Chile siga creciendo”.

Con respecto a la querella contra Cencosud por contrabando y millonario fraude al fisco, descartó los hechos e indicó que siempre actuaron de buena fe.

Paulmann, afirmó que este caso NO puede catalogarse como contrabando, ya que se había pactado con las autoridades de la época el mecanismo de ingreso de ayuda humanitaria y su posterior venta.

Asimismo, indicó que este es un tema muy triste, pero afirmó que tiene la conciencia tranquila respecto a que todo se realizó conforme a la ley.

Recordemos que, en palabras del Consejo de Defensa del Estado, esta mercadería “le permitió fraudulentamente a esa empresa acogerse a una ley de excepción y liberarse ilegalmente de una serie de obligaciones aduaneras referidas a la fiscalización”.

De esta forma, Cencosud ahorró 1 millón 183 mil dólares en derechos e impuestos, ya que los productos fueron eximidos de pagar tributos y de ser inspeccionados por la Aduana.

El secretario general de Asociacion Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile de la Región de Valparaíso, Marcelo Reyes, explicó que en la oportunidad presentaron una querella contra el ex director del organismo, Gonzalo Sepúlveda, por fraude al Fisco.

Uno de los parlamentarios que denunció en 2010 estas irregularidades fue el diputado democrata cristiano Aldo Cornejo, quien se mostró satisfecho por la decisión tomada por el CDE.

En la querella del Consejo de Defensa del Estado también se solicita que se aclare el rol de la Subsecretraría del Interior en este caso, ya que de esta repartición depende directamente la Onemi.

Este caso salió a luz pública precisamente luego de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al organismo de emergencia, que fiscalizó la entrega de donaciones efectuadas por empresas, países y organizaciones internacionales a los damnificaciones del terremoto y tsunami de 2010.