La política de migración en algunos países sudamericanos está cambiando. Lo hace, con especial dedicatoria a los venezolanos que emprendieron un camino sin mirar atrás, pero tampoco sin analizar qué tan aceptados o no serían en su destino de refugio.
Chile, en las últimas semanas, ha dado de qué hablar a nivel local e internacional, debido a la expulsión de más de 50 venezolanos. Fueron subidos a un avión el pasado domingo 6 de junio, juntos pero también revueltos.
Entre los retornados a su país de origen, habían personas condenadas por delitos como tráfico de menores, de droga y robo con violencia. Sin embargo, también estaba una treintena que fue expulsada por entrar de forma irregular a suelo chileno.
Por lo general, las comparaciones numéricas entre países son cosa de disputas deportivas, sobre todo las futbolísticas. Pero la deportación y aceptación de venezolanos, en un año donde la pandemia continua vigente, también se ha vuelto un punto de cotejo, dadas las reacciones internas y a nivel internacional que resultan de esto.
En febrero pasado, cuando Chile expulsaba a más de un centenar de venezolanos, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reconocía que los vuelos con más retornados saldrían de forma “mensual”.
El gobierno, y su operación “Ordenar la casa”, planea devolver a 1.800 personas entre el 2021 y 2022 a Venezuela. Hasta el año pasado, según cifras de la PDI, dadas a conocer por El Diario de Concepción, más de 30 mil ya habían tomado el avión de vuelta a su realidad. Una de crisis que lidera Maduro.
Ministro @RodrigoDelgadoM, junto a los ministros @allamand y @bprokurica, encabeza expulsión de inmigrantes https://t.co/N37d1FmdYy
— Min. Interior Chile (@min_interior) February 10, 2021
“Mejor váyanse”: Perú y la expulsión de venezolanos
Desde 2017, un millón de venezolanos han ingresado a Perú, con el común denominador de países que reciben un éxodo: la crisis de un vecino que le pasa la factura al resto.
Los que buscaron refugio, han visto un despliegue de situaciones que van, desde la xenofobia, hasta las declaraciones de representantes gubernamentales que, en pleno ejercicio, han liderado conferencias para dar detalles de una expulsión colectiva de momento.
En 2019, el entonces ministro del interior, Carlos Morán, lanzó una advertencia.
“Me dirijo a esos malos venezolanos: mejor váyanse del país porque vamos a detenerlos y expulsarlos. Contra ellos vamos a endurecer aún más nuestra política migratoria”, aseguró.
El ahora exfuncionario se amparó en que los mil deportados, en al menos cinco operaciones de retorno durante ese año, tenían antecedentes penales, pero también lo hicieron con otros que alteraron normas sociales de convivencia, algo que necesariamente no es un delito, aunque sí una tema importante de respetar en la sociedad a la que se elige vivir por adopción.
“Migración Segura 2019” incluyó a los extranjeros que generaron desorden social, alteraron el orden público o interno o se consideraron una amenaza para la seguridad del país.
“Estamos procediendo a expulsar no solo a los venezolanos que han ingresado al Perú ocultando su prontuario o que reingresaron tras haber sido expulsados, sino también a aquellos que muestran una conducta proclive al desorden social, lo que resulta inadmisible en la norma de conducta que debe guardar un extranjero”, dijo Morán.
La situación sigue siendo un tema, incluso de campañas electorales.
Camino a la elección presidencial, que tuvo lugar el pasado 6 de junio, los entonces candidatos a la primera magistratura peruana incluyeron la deportación venezolana como una estrategia de popularidad, amparándose en las críticas sociales a la llegada masiva de sus desesperados vecinos sudamericanos.
“Los peruanos estamos hartos de la agresión de extranjeros que están haciendo sicariatos, asesinatos o robos menores”, aseguró el ex aspirante presidencial, Rafael López Aliaga.
Luego de conocerse los resultados de la contienda electoral, que adjudicó el triunfo a Pedro Castillo, sobre Keiko Fujimori, es importante recordar que, el electo izquierdista, ha sido claro en su política contra la inmigración venezolana en Perú.
“Cómo es posible que se hayan abierto las fronteras de la patria sin ningún filtro. Es necesario ordenar la casa, ordenar el país”, dijo, citado por Infobae.
Días más tarde (48 horas previas a la segunda vuelta electoral), confirmó sus dichos.
“Mientras del otro lado traen a personalidades para llenar al pueblo peruano con ciudadanos de otros países, acá ratificamos que el 28 de julio, a través de una decreto supremo, le daremos 72 horas de plazo a los ciudadanos que han venido de otros países a faltar el respeto”.
Ecuador y su reforma para la expulsión de venezolanos
El congreso ecuatoriano realizó en enero pasado, reformas a la Ley de Movilidad Humana, las cuales están enfocadas en procesos de inadmisión y expulsión de extranjeros. Estos últimos con prontuario delictivo de su nación de origen.
En total, 7 artículos fueron modificados y con esto se pretende, entre otros puntos, evitar el ingreso a Ecuador una persona que “sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado, según la información que dispongan las autoridades competentes”.
El periódico El Comercio informó de las enmiendas. En lo que respecta a la prohibición de ingreso, figura el Artículo 137.- “Causales de inadmisión. Las causales para la inadmisión de una persona extranjera son”:
1. La presentación ante la Autoridad de Control Migratorio de documentación que se presuma falsa, adulterada y destruida.
2. Encontrarse registrada con una disposición de no ingreso por haber sido deportada o por el cometimiento de una falta migratoria contemplada en esta Ley, mientras dure el plazo de dichas medidas.
3. No haya cumplido con el tiempo determinado legalmente para retornar al país, de conformidad con lo establecido en la legislación penal para el caso de expulsión, entre otras.
Por otra parte, las enmiendas dan paso al Artículo 143., que es el garante de las deportaciones por causas específicas.
Causales de deportación
1. Haya ingresado por un lugar no autorizado, salvo las personas sujetas a protección internacional;
2. Proporcione, en cualquier tiempo, documentación fraudulenta o alterada y la exhiba ante cualquier autoridad pública sin perjuicio de la responsabilidad penal;
3. No haya iniciado el proceso de regularización en el plazo dispuesto por esta Ley;
4. Haya reincidido en el cometimiento de faltas migratorias;
5. Haya recibido la revocatoria de su visa y haya incumplido con el plazo de salida del país;
6. No haya cumplido con la notificación de salida del país en el plazo de treinta días;
7. Sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado, según la información que dispongan las autoridades competentes.
8. Haya recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por el cometimiento de un delito sancionado con pena privativa de libertad de mayor a cinco años de acuerdo con la legislación penal vigente; y,
9. Haya sido sancionada por el cometimiento de alguna de las contravenciones contenidas en la legislación penal vigente por alterar y poner en riesgo la tranquilidad y la paz ciudadana, o alterar el orden público. En el caso de las causales número 8 y 9 del presente artículo, el proceso de deportación iniciará inmediatamente después del cumplimiento de la pena que se le haya impuesto.
Fuente: Asamblea de Ecuador.
Los cambios legislativos tienen dedicatoria al ingreso masivo de venezolanos a ese país, que para inicios de 2021 alcanzó hasta 1.400 entradas diarias, según Cristian Benavides, alcalde de Tulcán (Norte ecuatoriano), citado por Primicias.ec.
Colombia: de expulsar venezolanos, a un Estatuto Temporal de Protección
1.7 millones de venezolanos viven en Colombia. La situación ha pasado por denuncias de deportaciones masivas como una ocurrida en 2020, cuando el gobierno de Iván Duque devolvió a más de 50 personas en un vuelo, en lo que una organización que ayuda a migrantes en ese país, calificó de violatoria al debido proceso.
La televisión alemana DW, entrevistó a Laura Dib, representante de la Clínica Jurídica para Migrantes, quien aseguró que el grupo de venezolanos fue retornado a su país, sin ser informados por medio de una acta o resolución de expulsión, en la que debía constar el motivo de esta.
Sin embargo, los familiares de estos, fueron llamados incluso cuando el Estado ya había completado el retorno. No les dieron la oportunidad de despedirse de sus familiares que se quedaron en territorio colombiano.
…“Se se trata de civiles venezolanos que fueron sacados del país desde un aeropuerto militar (Catam, adjunto a El Dorado, de Bogotá). Además, a ninguno de los expulsados se les entregó ninguna copia del acta de la resolución que determinaba la medida de expulsión. No pudieron ni despedirse de sus familiares y fueron llevados incluso en pijama y sandalias”, aseguró Lib.
Un año después de la polémica, el presidente Duque, junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), anunció un Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.
Su vigencia es de 10 años y está destinado a cerca de un millón de venezolanos que aún no regularizan su situación migratoria.
“Los migrantes venezolanos que se acojan a este beneficio podrían estar de manera regular en Colombia por un periodo de 10 años, tiempo después del cual deberán adquirir una visa de residente si desean permanecer en el país”, asegura un comunicado oficial, según la BBC.
De 1.729.000 venezolanos, viviendo en Colombia, más de 966.000 se encuentran de forma ilegal.
En un primer inicio, el gobierno aseguró que el registro para acogerse a este estatus, sería de forma virtual y en concordancia con los antecedentes de los solicitantes para evitar que quienes delinquen se acojan a la iniciativa.
El 12 de mayo pasado se informó que durante la primera semana de registro, casi 400 mil venezolanos lo habían completado de forma virtual. Es decir, tenían lista la primera fase para conseguir el Estatuto Temporal de Protección.
Saludamos el anuncio de @IvanDuque sobre la protección temporal que dará el gobierno a 1,7 millones de venezolanos en Colombia. Este acto de solidaridad permitirá que migrantes y refugiados accedan a servicios básicos y que contribuyan a la economía del país.@ACNURamericas pic.twitter.com/SHC3qg2Kit
— ONU Colombia 🇺🇳 (@onucolombia) February 8, 2021
A inicios de este año, autoridades migratorias colombianas informaron que al menos 109 venezolanos retornaron a su país. No fue un proceso forzado. Lo hicieron de forma voluntaria debido a la pandemia, según una nota de prensa en el portal de esta institución gubernamental.
Brasil y su política de acogida a venezolanos
Por estos tiempos de pandemia, Jair Bolsonaro sigue dando de qué hablar. Es su naturaleza, lo cual le ha costado una baja de popularidad en las encuestas, pero aún conservando, hasta abril pasado, un 38,7 por ciento de aceptación y el poder.
Sus decisiones, lapidadas por algunos brasileños, podrían suponer una política de mano dura contra la inmigración venezolana. Las cifras dicen otra cosa y en contraposición con las de Chile.
Por ejemplo, la agencia de noticias France24, aseguraba que hasta el año pasado Brasil era el país sudamericano que más los refugiaba y regularizaba.
650 mil venezolanos cruzaron hacia territorio brasileño, huyendo de la crisis social, sanitaria, económica. En fin, de una debacle total que tiene a 5 millones de estos diseminados en varias partes del mundo.
La política brasileña para acoger a Venezolanos ha sido denominada “Operación Acogida” y según la prensa internacional, basada en datos oficiales brasileños, ha conseguido que en las calles de Boa Vista, estado de Roraima (fronterizo con Venezuela), ya no se vean venezolanos deambulando en las calles.
“Desde el inicio de la operación insertamos desde Roraima hacia el interior de Brasil a 42.496 venezolanos”, asegura el coronel Emílio Brandão, jefe del Centro de Coordinación de Interiorización de la Operación Acogida.
Se trata de un plan que movilizó a dicha cantidad de personas a ciudades como Manaos (capital de Amazonas), entre otras, donde se les capacitó en oficios varios, así como en el idioma portugués. En esta iniciativa pública de migración participan el Ejército y 11 ministerios de la administración Bolsonaro, en coordinación con autoridades estatales.
Medios en España, como El País, retomaron desde 2019 la información de esta iniciativa de inserción en tierras brasileñas, haciendo una mención al otro lado de la moneda en naciones sudamericanas: “…mientras Perú, Chile o Ecuador van imponiendo restricciones”, publicaba en ese entonces.
Faltaba mucho camino, pero no a la inserción, sino a la deportación.
La situación de los retornados, a 3 años, alzó el vuelo-literal-en contra de los que fueron devueltos, junto a los que se comprobó judicialmente que habían delinquido.
