Luz propia: alternativas para un nuevo modelo energético

Las lluvias del pasado fin de semana no solo anegaron calles y afectaron viviendas en la región del Biobío. También dejaron al descubierto la precariedad estructural del sistema de distribución eléctrica y la ausencia de un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos frente a empresas que, en una eventualidad completamente previsible, no responden.

Cuando fallan las empresas y también el Estado

Más de 50 mil hogares estuvieron sin energía eléctrica durante días. En zonas rurales de Florida, Hualqui, Santa Juana o sectores altos de Coronel, donde las familias utilizan punteras para extraer agua, la situación es más crítica: cuando se va la luz, también se pierde el acceso al agua. En muchos hogares no hay calefacción, ni refrigeración para alimentos o medicamentos. Es aún más complejo para quienes dependen de aparatos médicos eléctricos.

No se trata solo de una emergencia mal gestionada, sino de evidencia de que las empresas han fallado y lamentablemente el Estado ha fallado también. Hace unos días, senadores de oposición rechazaron el aumento de multas a empresas eléctricas por cortes de luz en la previa de un sistema frontal que dejaría a gran parte de la región a oscuras.

Debemos repensar el modelo de distribución y generación eléctrica. Por años se ha justificado la concentración del sistema por “monopolio natural”, es decir, que solo grandes empresas podían operar estas infraestructuras por su escala. Pero ese argumento nació en contextos donde no existían capacidades locales ni tecnologías accesibles.

Alternativas existen, lo que falta es voluntad política

Hoy existen alternativas: desde cooperativas de generación comunitaria hasta sistemas híbridos de energía distribuida basados en renovables, con una escasa difusión e implementación en este gobierno. Lo que falta no es capacidad técnica, sino voluntad política para impulsar modelos que descentralicen la generación, democratizando el acceso y fortaleciendo la autonomía de los territorios.

Para avanzar, también es urgente mejorar las condiciones de negociación colectiva de las y los usuarios, entregando herramientas reales a las comunidades organizadas para exigir estándares mínimos de calidad de servicio, compensaciones automáticas ante fallas y la posibilidad de exigir el término de concesiones incumplidas.

La diversificación de la oferta eléctrica no es solo una opción técnica: es una decisión política que puede corregir décadas de abandono estructural, sobre todo en sectores rurales.