La educación es un derecho humano fundamental. Es el camino que abre oportunidades y permite construir un futuro con más dignidad y mayores posibilidades de romper el círculo de la vulnerabilidad. Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes que viven en residencias tras haber sido vulnerados en sus derechos, evidencian una brecha educativa alarmante.
En Chile, según datos del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, 3.216 niños en edad escolar viven en residencias de protección. De ellos, el 11,6% no está matriculado y el 7,7% presenta inasistencia. Estas cifras evidencian que el desafío no es solo garantizar un cupo escolar, sino también nivelar aprendizajes, prevenir la deserción y la discriminación, y asegurar un acompañamiento educativo continuo y de calidad.
Muchos de estos niños y niñas asisten solo dos o tres horas diarias a clases y arrastran rezagos de varios años en lectura y matemáticas, lo que profundiza su desmotivación y aumenta el riesgo de quiebre en sus trayectorias educativas y de deserción.
No es suficiente, la necesidad de una educación garantizada
El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de garantizar 12 años de escolaridad obligatoria. Sin embargo, hoy no existen programas ni instrumentos flexibles para responder a las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes en Chile, independiente de cualquier consideración, puedan acceder y permanecer en el sistema educativo.
En el caso de los que viven en una residencia de protección, en general, cuentan con apoyos a las tareas escolares, como en cualquier familia, por parte de quienes están a su cuidado. Sin embargo, esto no es suficiente para suplir sus necesidades educativas ni garantizar su derecho a la educación en igualdad de condiciones.
Urge, por tanto, una política nacional que garantice el derecho a la educación de quienes viven en residencias, con servicios y prestaciones flexibles que respondan a sus características y necesidades específicas.
Asegurar el acceso a la educación y brindar un apoyo académico de calidad es una responsabilidad del Estado y de toda la sociedad. Como país, debemos dejar atrás la visión asistencialista que concibe la protección de la niñez vulnerada como un acto de caridad o de “rescate”.
En su lugar, debemos asumir que estos niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, y que esto implica que el Estado debe garantizarles las condiciones necesarias para ejercer plenamente su derecho a la educación.
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