La "okupación" es un delito, no un derecho

Señor Director:

El Poder Judicial es víctima, hace seis años, de la ocupación ilegal de un inmueble cuyo destino es convertirse en un Juzgado del Trabajo, parece insólito. Ello ocurre mientras la Delegación Presidencial (a cargo de la Militante Comunista Sofía Gonzalez) se niega a ejercer su facultad de desalojar administrativamente el edificio, el cual será útil a toda la comunidad de Valparaíso y fue adquirido por 1.500 millones de pesos provenientes de los contribuyentes.

Es incomprensible y absolutamente desesperanzador para el ciudadano corriente afectado por una toma.

Recordemos que la “Ley de Usurpaciones” fue vetada por S.E. diluyendo su espíritu original, y si bien en algo mejoró versus su predecesora, estableció penas máximas solo para “usurpaciones violentas” de lugares habitados -las cuales deben ser calificadas por un juez- dejando mayormente vulnerables a los sitios eriazos y similares.

Además, la restitución anticipada si bien puede solicitarse en cualquier etapa del proceso, se requiere litigar en tribunales, no existe la vía administrativa (como en Europa) para las personas comunes.

Las equívocas (y reiteradas) señales de tolerancia por parte de la autoridad sólo fortalecen las intenciones de los usurpadores y relativizan la importancia de la propiedad, un escenario que parece injusto para quienes ahorran por años para postular por su casa propia o para aquellos que legítimamente poseen inmuebles que no habitan a diario.

La “okupación” es un delito, no un derecho.

Demetrio V. Benito O.
Perito Tasador.