De continuar el abusivo accionar del empresariado pesquero y salmonero, fuera del control público, el fantasma de la corrupción y de la falta de probidad volverá a recorrer los pasillos del palacio de gobierno, los ministerios y el Parlamento chileno.
Las visitas secretas de seis ministros del gobierno de Gabriel Boric a un espacio privado en el exclusivo sector de Lo Barnechea, para negociar leyes y cambios normativos con grupos empresariales -que en la realidad actúan como colegisladores- constituye todo un símbolo que nos enseña dónde se ubica y cómo se ejerce el poder en Chile.
Las reiteradas violaciones a la Ley de Transparencia posibilitaron a las y los ministros negociar a espalda de la ciudadanía, comunidades locales y movimientos socioambientales, los contenidos de proyectos legislativos claves y cambios a la institucionalidad y normativa ambiental antes de su discusión parlamentaria para beneficio de los grupos corporativos y la endogámica élite político, burocrática y empresarial.
Con ello, el pragmatismo del gobierno de Gabriel Boric consolida la lógica de los que pagan mandan y tienen derecho a decidir sobre la vida, el medioambiente y el trabajo de millones de ciudadanos, así como el derecho de uso y la propiedad de los bienes comunes y los recursos naturales del país.
Mentiras con fecha de vencimiento
Luego de negar su participación en estas furtivas reuniones en el departamento de un oscuro lobbista, las y los ministros del autodenominado “gobierno ecologista” intentaron justificarlas y relativizar su ilegalidad.
Mediante explicaciones absurdas y olvidos fugaces, pretendieron normalizaron la representación oculta e irregular de intereses privados que no habían sido solicitadas por conductos formales, ni dejado los registros respectivos.
Sin embargo, la irrefutable información entregada por el periodismo de investigación, unida a la presión pública, obligaron a algunos ministros a tener que inscribir ex post en la plataforma de Ley de Lobby sus, hasta ahora, nueve reuniones encubiertas.
Fue en este proceso que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, aparece registrando una desconocida tercera reunión que había tenido con once empresarios en el departamento del inefable lobbista Pablo Zalaquett (UDI).
Esto evidencia que del total de nueve reuniones secretas de lobby reconocidas hasta ahora solo por los participantes gubernamentales, en cinco de ellas (55%), estuvieron presentes de manera directa o indirecta los propietarios, presidentes y directores de empresas de la industria pesquera y de salmonicultura, destacando el cheese & wine del 13 de noviembre del 2023, donde asistieron exclusivamente empresarios y directores de grandes empresas de salmonicultura -los supuestos regulados del sistema- con los ministros de Economía y de Medio Ambiente- las supuestas autoridades reguladoras del Estado.
Esta saga del lobby salmonero “off the récord” comenzó con la ministra del Interior Carolina Tohá, quien el 15 de junio del 2023 reconoció haberse reunido con 19 empresarios, entre los que se encontraban Gonzalo Sarquis Said, abogado y director de la pesquera y salmonera Blumar, aunque en dicha reunión se identificó como director de Sinergia Inmobiliaria. Gonzalo es hermano de Rodrigo Sarquis, presidente de Blumar, y primo del lobbista anfitrión, Pablo Zalaquett.
Con posterioridad el 29 de agosto del 2023, los ministros de Economía, Nicolás Grau, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se reunieron subrepticiamente con el presidente y la vicepresidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), patronal empresarial a la cual se encuentra afiliada SalmónChile A.G. para conversar sobre la modernización y liberalización del sistema de permisos y autorizaciones estatales para los proyectos e inversiones empresariales (permisología).
Luego de haber tenido una pérdida de memoria temporal, el canciller Alberto Van Klaveren, recordó haberse reunido el 27 de septiembre del 2023 con Loreto Seguel (UDI), presidenta del Consejo del Salmón, y ex ministra del gobierno de Sebastián Piñera, junto a otros 12 ejecutivos de asociaciones empresariales.
El 19 de octubre, la ministra de Medio Ambiente se reunió nuevamente en forma secreta con doce empresarios, entre los que se contaban Rodrigo Sarquis Said, presidente de la megaempresa pesquera y salmonera Blumar; Andrés Santa Cruz, vicepresidente de Blumar, y José Ramón Gutiérrez, de Salmones MultiX, empresa donde comparte propiedad con las transnacionales Mitsui (Japón) y Cargill (USA).
Rodrigo Sarquis fue el principal operador y lobbista de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), que operó entre el 2010 al 2013 junto al ministro de Economía de la época, Pablo Longueira (UDI), para negociar la corrupta redacción de la Ley 20.657 que entregó de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad del patrimonio pesquero del país a siete conglomerados de familias empresariales que actualmente controlan el segundo sector de la economía exportadora chilena.
Finalmente, el 13 de noviembre del 2023, nuevamente los ministros Maisa Rojas y Nicolás Grau reincidieron en su accionar ilegal al reunirse con seis dueños, vicepresidentes y gerentes de las megaempresas pesqueras y salmoneras Blumar, AquaChile, y Multiexport, para conversar sobre “la visión a largo plazo sobre la industria de salmonicultura”.
El locuaz ministro Grau, a diferencia de su amnésica colega de Medio Ambiente, recordó que los empresarios les habían realizado una exposición sobre la importancia de la salmonicultura, la visión de la industria sobre las políticas sectoriales, sus problemas y perspectivas futuras.
El implacable lobby salmonero feroz
La estrategia de presión política del empresariado salmonero ha combinado sus encuentros furtivos con reuniones debidamente registrados en la plataforma de lobby.
Es así que a sólo dos días de haberse reunido furtivamente con empresarios salmoneros en el departamento de Zalaquett, los ministros Nicolás Grau y Maysa Rojas tuvieron un encuentro el 15 de noviembre del 2023 con Arturo Clement, presidente de Salmón Chile A.G. para analizar “posibles puntos de encuentros”, proponer el establecimiento de mesas de trabajo interministeriales, así como el “otorgamiento de certezas en el modelo ambiental y resolver los nudos de la llamada permisología (sic)”, según relata el Diario Financiero del 20 de enero del 2024.
Con anterioridad Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón, se había reunido por separado con los ministros Nicolás Grau (13 marzo del 2023), y la ministra Maisa Rojas (10 de julio del 2023), días después que las patronales salmoneras le habían propinado una severa derrota parlamentaria al debilitar la estratégica ley que creaba el Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
El blanqueo gubernamental de millonarias concesiones
Las clandestinas reuniones de lobby pesquero y salmonero han tenido efectos inmediatos en las decisiones presidenciales. Es así que el 19 de diciembre del 2023 -un mes después de su último encuentro secreto- la ministra Maisa Rojas, el ministro Nicolás Grau, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eldelstein (PC), y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas (CS), anunciaron un “compromiso voluntario” con la megaempresa salmonera AquaChile -perteneciente al holding Agrosúper de propiedad de la familia Vial-, y la transnacional canadiense Cooke Aquaculture.
Este pacto -cuyos términos se desconocen- reubicará nueve de las 30 concesiones salmoneras que operan irregularmente en interior o alrededores de los parques nacionales de Isla Magdalena, Laguna San Rafael y Bernardo O´Higgins, en la Patagonia chilena, permitiendo al gobierno entregar a las empresas una “salida legal” mediante la relocalización de seis de sus nueve concesiones que incumplen la legislación acuícola, ya que tienen procesos sancionatorios en curso aplicados por la Superintendencia de Medio Ambiente, o presentan diversas causales legales para ser caducadas.
La silenciosa negociación con Cooke Aquaculture y AquaChile contempló que las autoridades del sector pesquero y acuícola mediante una resolución autorizaron la fusión de seis de las nueve concesiones acuícolas que se encuentran violando la normativa vigente, para que posteriormente puedan ser relocalizadas en áreas prístinas que aún se desconocen.
Importante es señalar que esta operación de blanqueo administrativo de estas cuestionadas concesiones beneficia al empresariado en una abultada cifra de millones de dólares, al poseer cada una de ellas un valor estimado entre los 7 a 12 millones de dólares, según su superficie y ubicación.
Esta selectiva iniciativa de “perdonazo público-privada” evita cuidadosamente aplicar la ley a las 457 concesiones acuícolas con causales de caducidad que se encuentran al interior de diversas áreas protegidas del Estado.
Un reciente informe de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas confirmó que 587 concesiones acuícolas entregadas gratuitamente por el Estado (un 40% de las concesiones salmoneras) están hipotecadas con el DNB Bank (noruega), Danske Bank (Dinamarca) y Banco de Chile, con compromisos que superan los 1.200 millones de euros.
Sin embargo, el Estado chileno no puede caducar aquellas concesiones salmoneras hipotecadas, a pesar de estar violando la legislación nacional, o produzcan graves daños sanitarios y/o ambientales. Esto, porque en 2010, el gobierno de Michelle Bachelet, modificó la Ley de Pesca y Acuicultura para permitir que las empresas salmoneras utilicen las concesiones y permisos acuícolas entregados temporalmente por el Estado, como un activo patrimonial que podían entregar como garantía de préstamos bancarios, asegurándoles al mismo tiempo que no serían caducadas por acción gubernamental.
Las consecuencias legislativas y normativas de los cheese & wine ministeriales
Las consecuencias de cinco meses de sesiones de lobby a puertas cerradas fueron palpables un mes después de la última reunión en el departamento del lobbista Zalaquett, cuando el 21 de diciembre del 2023 el presidente Gabriel Boric anunció el ingreso a tramitación al Congreso de “una nueva y buena ley de pesca”.
Consecuencia del lobby de las patronales pesqueras y salmoneras, esta controvertida ley será negociada en forma separada de una nueva ley específica para la acuicultura, tal como lo solicitaron los intereses del empresariado salmonicultor.
Finalmente, el 10 de enero del 2024 el presidente Boric presentó dos nuevos proyectos de ley: La creación de un “Sistema inteligente de permisos sectoriales”, y otro de “Evaluación Ambiental 2.0”, cuyos objetivos son la reducción del número de permisos para acelerar la ejecución de proyectos empresariales.
A esto se une la reforma del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), clave para fiscalizar y sancionar el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental vigentes en Chile (ley 19.300). A lo anterior, pronto se unirían anuncios gubernamentales sobre la ley de concesiones marítimas.
La republiqueta salmonera: poder fáctico que amenaza la democracia, el medio ambiente y los derechos ciudadanos
Desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric, el empresariado y las patronales salmoneras han implementado una agresiva ofensiva política y comunicacional sobre los espacios gubernamentales, parlamentarios y territoriales.
Esta estrategia ha contemplado activas campañas de desinformación y movilización de los trabajadores de las plantas industriales para presionar al gobierno, parlamentarios, ministras, y organizaciones defensoras del medio ambiente y los derechos humanos.
En paralelo, las patronales salmoneras desarrollan intensas agendas de negociaciones con funcionarios de alto nivel, y una aceitada articulación con la denominada “bancada de parlamentarios salmoneros” durante los procesos de discusiones legislativas.
La industrial de salmonicultura exportadora presenta una presencia mayoritaria de capitales noruegos, chinos, japoneses, alemanes, canadienses, entre otros, que junto a diversos grupos familiares y holding empresariales nacionales, constituyendo un verdadero “Estado dentro del Estado”, el que impone un neocolonial modelo de enclave productor y exportador en los territorios de las regiones de la Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Su poder político, económico y social lo convierte en un poder fáctico que amenaza la democracia, los derechos sociales, laborales, la protección del medio ambiente, y los intereses de las comunidades costeras de pueblos originarios en los territorios ancestrales del Gulumapu y del Kawesqar Waes en la Patagonia.
De continuar el abusivo accionar del empresariado pesquero y salmonero, fuera del control público, el fantasma de la corrupción y de la falta de probidad volverá a recorrer los pasillos del palacio de gobierno, los ministerios y el Parlamento chileno en las próximas discusiones y negociaciones del paquete de medidas modernizadoras de la institucionalidad ambiental y en la elaboración de las leyes para los sectores pesqueros y de acuicultura, segundo sector de la economía chilena.
Es evidente que en el complejo y radicalizado escenario político, legislativo y social de los próximos meses, tanto la ministra Maisa Rojas como el ministro Nicolás Grau, junto a los restantes ministros que violaron la ley para negociar sotto voce en beneficio de las agendas e intereses empresariales, ya no constituyen interlocutores válidos y creíbles para las organizaciones socioambientales y las comunidades locales y de pueblos originarios, que siguen luchando por la defensa de los océanos, la biodiversidad marina, las comunidades costeras y el patrimonio pesquero de la nación.
