En un giro drástico, la Contraloría General de la República sacudió la actual Ley de Lobby con una serie de instrucciones que redefinen quiénes son los actores clave y cómo deben rendir cuentas. Un cambio que, según fuentes internas, ha sido catalogado como un "cambio de criterio brutal" del antiguo contralor.
Durante esta jornada de lunes, la Contraloría General de la República publicó un instructivo que tiene por finalidad “perfeccionar” los criterios sobre lobby.
Recordemos que desde la Cámara, los diputados Francisco Pulgar y Rubén Oyarzo presentaron un requerimiento tras las reuniones de algunos ministros y ministras en el domicilio del lobbista Pablo Zalaquet.
Entre otras cosas el documento indica que “se configuran algunas de las exigencias legales y reglamentarias para considerar que las citadas actividades constituirían lobby”.
Ley de Lobby: los cambios emitidos por la Contraloría
Respecto al detalle de las modificaciones, en primer lugar está la redefinición de sujetos pasivos. Las directrices anteriores, algunas firmadas por Jorge Bermúdez, plasmaban en los dictámenes Nºs 25.579 (2019) y E49262 (2020), que se consideraban como sujetos pasivos únicamente a ciertos funcionarios.
No obstante, la Contraloría que actualmente dirige Dorothy Pérez, ha decidido ampliar el espectro, incluyendo ahora a jefaturas de divisiones, departamentos, oficinas y unidades. Un cambio que, según analistas, podría abrir las puertas a una mayor transparencia y, por cierto, genera un nuevo orden.
En segundo lugar, las actividades bajo el microscopio. El artículo 5° de la ley establece qué actividades constituyen lobby, abarcando desde la toma de decisiones administrativas hasta la participación en el Congreso y la gestión de contratos esenciales.
La nueva normativa introduce un principio general de publicación de audiencias y reuniones, poniendo énfasis en la probidad y transparencia. Un cambio que, según críticos, pretende despejar las sombras que rodeaban ciertas prácticas hasta ahora permitidas.
En tercer lugar, los registros más rigurosos. Las instrucciones también han puesto la lupa sobre los registros de agenda pública. Se ordena el registro de todas las audiencias y reuniones, sin distinción de lugar u hora.
Además, se amplía la obligación de registrar viajes, incluso aquellos no directamente relacionados con la función de evaluación de comisiones. Un movimiento que, según expertos, busca eliminar vacíos legales y cuestionamientos sobre la transparencia de ciertas actividades.
A lo anterior se suma un cambio con implicaciones nacionales. Estas instrucciones, que según fuentes internas han sido descritas como un “nuevo capítulo” en la aplicación de la ley, serán distribuidas a nivel nacional.
Todos los Ministerios, Subsecretarías, Gobiernos Regionales, Municipalidades y Contralorías Regionales estarán bajo la mira de esta nueva regulación.
De esta manera, se espera que las autoridades de estas entidades, sujetas al escrutinio de la Contraloría General, den a conocer estas instrucciones y ejerzan control jerárquico para asegurar su aplicación efectiva.
En resumen, la Contraloría General lanzó un cambio sin precedentes en la aplicación de la “Ley de Lobby”, desencadenando una nueva era de transparencia y rendición de cuentas en las altas esferas del poder.
Un cambio que, sin duda, dejará huellas en la manera en que se ejerce la influencia y se toman decisiones en el ámbito público.
