El resultado de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera se jugará en el mérito del recurso, pero será la definición de intereses de corto y largo plazo por parte de los parlamentarios en ejercicio de ambas cámaras lo que determinará el resultado final. Evidentemente, la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía es un proceso paralelo que, dependiendo de los tiempos, podría también modificar las creencias e intereses de los actores y convertirse en un determinante del desenlace.

Respecto de las condiciones, es evidente que Piñera, “el Presidente en el momento equivocado”, se encuentra políticamente aislado, con débiles apoyos en su sector y en la opinión pública. Su segundo gobierno se ha convertido en la manifestación del fin de un ciclo político inaugurado por la Dictadura de Pinochet y que después del 18-O encontró su punto de no retorno en su fase terminal de degradación. En este contexto, Piñera reúne un conjunto de aquellas características idiosincráticas que se rechazan desde amplios sectores de la ciudadanía y que gatillan una “tormenta perfecta” para demandar la superación del actual “modelo chileno”. A estas alturas, es cierto que la derecha ya no puede hacer mucho por ello, pero el derrumbe del apoyo presidencial hasta llegar a un dígito -sumado a los quiebres internos de Chile Vamos- hace que esta crisis se convierta en una coyuntura con implicancias catastróficas de corto y largo plazo.

¿Cuál sería el costo de corto plazo para los parlamentarios de derecha al dejar caer a Piñera? Probablemente, el mayor sería multiplicar el daño electoral en las próximas elecciones parlamentarias y con ello arriesgar la pérdida de capacidad de veto para el trabajo legislativo en el próximo periodo, al no conseguir ni un tercio ni dos quintos, proyectando la condición superflua que la derecha ya tiene en la Convención Constitucional. Este escenario constituye una catástrofe para la derecha, porque quedaría confinada a una condición contemplativa en el proceso político durante los próximos años en los que se juegan definiciones institucionales de largo plazo. Como se ve, los costos de corto plazo podrían determinar los de largo plazo.

Todo parece indicar que la acusación podría avanzar sin mayor dificultad en la Cámara de Diputados, debido a la actual correlación de fuerzas favorable a la oposición y al número de parlamentarios que van a reelección, lo que expone a estos representantes a una fuerte presión de la opinión pública. ¿Hasta qué punto los parlamentarios en ejercicio que buscan reelección pueden rechazar la acusación, especialmente en aquellos territorios donde Piñera tiene mayor rechazo? Si se consideran las condiciones generales en la Cámara Baja existen correlaciones, restricciones e incentivos favorables para aprobar la acusación, lo que incluso podría acarrear la suspensión del Presidente hasta que el Senado se pronuncie y finalice el procedimiento.

Sin embargo, en el Senado las cosas serán más complejas puesto que deberá resolver como jurado la acusación, determinando la culpabilidad del acusado con una correlación más estrecha entre oficialismo y oposición. Evidentemente y al igual que en los diputados, el momento en el que se discuta la acusación importa, pues los incentivos y presiones para aprobar disminuirán después del 21 de noviembre, particularmente para quienes se reeligen. Para declarar culpable a Piñera se requerirán al menos 29 votos sobre 43, es decir 2/3 de los Senadores en ejercicio. La base de apoyo más segura para esta acusación en la Cámara Alta corresponde a los 22 votos de Unidad Constituyente, más un voto de Apruebo Dignidad (Juan Ignacio Latorre, RD) y un voto de independiente fuera de pacto (Carlos Bianchi), lo que suma un total de 24 votos.

De acuerdo con este escenario, sería necesario movilizar al menos cinco votos de senadores del bloque oficialista para aprobar la acusación. La mayor presión la enfrentarían, al igual que en la Cámara Baja, aquellos parlamentarios que van a la reelección como es el caso de Iván Moreira, Jacqueline Van Rysselberghe, Marcela Sabat, Enna Von Baer y Manuel José Ossandón. De todas formas, es necesario considerar que estos candidatos tendrán diferentes presiones y costos debido a la configuración del electorado en cada circunscripción.

Una interpretación que podría modificar preferencias de estos senadores es que el gobierno actual cierra un ciclo político y, en consecuencia, apoyar la acusación podría ser una fórmula para concentrar el rechazo político en Piñera en subsidio del sector. Sin embargo, parece improbable que este razonamiento prospere, en un contexto donde la derecha ha sido golpeada desde el 18 de octubre por sucesivos acontecimientos que la exponen no sólo a una catástrofe electoral sino también a una derrota ideológica de proporciones históricas. El derrumbe del apoyo de Piñera después del estallido social, el 80-20 del plebiscito de entrada, la derrota en la elección de convencionales y los retiros del 10% no dan espacio a la táctica de intentar “salvar el buen nombre”, mientras se hipoteca la capacidad de veto y, con ello, las creencias básicas del sector.

En cambio, si predomina la creencia de que la derecha se encuentra enfrentada a una crisis ideológica y cultural con consecuencias de largo plazo, es probable que las gestiones para reconstruir el escudo de protección para Piñera en el Senado tengan resultados, aun cuando implique costos en lo inmediato para algunos parlamentarios. En ese escenario, es una paradoja que las creencias fundamentales de la derecha -las mismas de las cuales Piñera abjuró y buscó alejarse con su fallido desplazamiento hacia el centro- sean un recurso estratégico clave para movilizar su salvataje político en la hora undécima de su segundo gobierno. No lograremos conocer si la reunión del sábado 9 de octubre de Piñera con los jefes de los partidos de la coalición oficialista estuvo acompañada de negociaciones para asegurar esos cinco votos en el Senado, o si el Estado de Excepción en la Macrozona Sur declarado el martes 12 tuvo alguna relación con todo esto. Pero probablemente, la lucha por recuperar el tercio histórico (y el miedo a no conseguirlo), así como la amenaza de quedar confinados en la irrelevancia ideológica, más que la defensa de Piñera, podrían explicar las próximas jugadas de un bloque político que camina por el borde del acantilado.

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