Se va despejando el camino a la elección presidencial del 21 de noviembre. En las últimas primarias el electorado mostró su interés por dos candidatos con agendas de renovación. Resulta imprescindible que el crimen organizado en sus diferentes aristas sea considerado un tema fundamental en sus planes de gobierno.

Y es que la criminalidad organizada en Chile suele entenderse casi únicamente desde la perspectiva del mercado ilegal de drogas. Pero hay mucho más. En los últimos años hemos aprendido tres cosas. Primero, dejamos de ser un país de tránsito y nos convertimos en un país con múltiples funciones en el mercado de drogas de consumo, distribución e incluso, en algunos formatos, producción. Segundo, los mercados ilegales se vinculan con diversas actividades como el tráfico de migrantes, la trata de personas, el tráfico de armas e incluso el contrabando. Tercero, estamos aún lejos de poder enfrentar estas organizaciones en su complejidad dado que la mayoría de detenidos son parte de los eslabones más débiles de las organizaciones criminales.

En pandemia la presencia del crimen organizado se evidencia múltiples espacios territoriales y también multiplica sus formas. En un reciente estudio encontramos que uno de esos cambios se vincula con la consolidación de mercados ilegales de productos que se venden de forma legal, como los cigarrillos. La preocupación sobre el aumento de estas problemáticas y sus impactos en las poblaciones de mayor riesgo ha generado cambios en los marcos normativos, aumentando penas y buscando un mayor enfoque del sistema de justicia criminal en estas tareas.

La venta ilegal de productos lícitos cuenta con cierta aceptación social y poca priorización entre las labores de las policías; y ambos son elementos fundamentales para identificar su ocurrencia. Así por ejemplo, el variado y dinámico mercado del cigarrillo ilícito afecta al 21,4% del volumen de cigarrillos consumidos a nivel nacional y en su totalidad son identificados como productos de contrabando (MIDE-UC, 2019).

Si bien la información existente muestra que la articulación entre mercados ilegales es aún incipiente, se torna urgente avanzar en investigaciones serias. Nuestro estudio propone entonces avanzar en cuatro áreas fundamentales: (i) establecer equipos de investigación criminal que pongan énfasis en la identificación de mecanismos de vinculación entre mercados ilegales; (ii) fortalecer mecanismos de control del accionar de múltiples instituciones públicas cuyos funcionarios pueden estar sujetos a la presión o tentación del dinero de organizaciones criminales; (iii) fortalecer las capacidades legales que permitan enfrentar las diversas ramificaciones de los mercados ilegales, especialmente el contrabando de cigarrillos; (iv) capacitar a múltiples actores institucionales que incluyen desde policías hasta fiscalizadores municipales en la identificación de organizaciones locales cuyas actividades ilegales aumenten las posibilidades de confluencia entre los distintos mercados ilegales.

Avanzar con seriedad y rapidez es la única alternativa para poder enfrentar el crimen organizado. El desafío es claro y requiere reconocer las aristas menos evidentes pero claves para poder enfrentar a la criminalidad organizada post pandemia.