Los nuevos gobernadores regionales acaban de debutar en sus cargos presentando a sus equipos de trabajo y esbozando lo que serán sus primeras líneas de acción. Un hito relevante, pues en su gestión están puestas las esperanzas del inicio del tan ansiado proceso de descentralización del país.

Sin embargo, hay claridad en que sus facultades son insuficientes y para que su labor tenga éxito, es necesario ampliarlas en distintos ámbitos de acción.

Así, ya desde el año pasado el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) propuso avanzar en entregar nuevas atribuciones, justamente para facilitar la planificación, gestión e inversiones en el área de la infraestructura.

En inversión, por ejemplo, lo deseable es que sea impulsada desde las regiones, contribuyendo en la generación de equidad y oportunidades. Así, no sólo es importante el desarrollo de nueva infraestructura pública, es imprescindible que se establezcan criterios a través de los cuales se evalúe la forma de optimizar la gestión y funcionalidad de infraestructura existente, adecuándola a los requerimientos ciudadanos actuales.

En ese contexto, es importante que los gobernadores tengan competencias -circunscritas a nivel regional- para definir la planificación de infraestructura y participar de la de carácter nacional que se emplaza en territorio regional, incluyendo embalses; y tener injerencia en decisiones de inversión de presupuestos sectoriales en pavimentación rural y urbana, además de en agua potable rural.

En lo relativo al transporte público -tema fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas-, las nuevas autoridades debieran tener entre sus facultades, en una primera etapa, la gestión del transporte público urbano para, en una segunda fase, también intervenir en las licitaciones de éste.

También es relevante que participen, por ejemplo, de la gestión de transporte interurbano intrarregional; de las autopistas urbanas y que decidan sobre aplicar restricción vehicular por congestión y/o por contaminación.

Es trascendental, además, definir ciertas competencias nacionales, sin perjuicio de la coordinación con las regiones respectivas, en obras que por su naturaleza son complejas o de carácter estratégico a nivel nacional como la red primaria de aeropuertos; puertos; pasos fronterizos; plan de embalses; autopistas y trenes inter regiones.

Abordar con eficiencia y propiedad estas nuevas facultades sólo será posible si se cuenta con recursos humanos suficientes y capacitados para los desafíos de cada región, por lo que el acento también deberá estar puesto en conformar equipos potentes que permitan avanzar con solidez en las distintas tareas.

Adicionalmente, se requerirá fortalecer y dar prioridad a la División de Infraestructura y Transportes como espacio de integración institucional. En contraste con el nivel central, ahora se fusionarán las áreas públicas dedicadas a la infraestructura: MOP, MINVU y MTT. Esto puede ser un paso interesante para mayores niveles de integración y coordinación a nivel nacional.

Alberto Undurraga
Asesor principal
Consejo de Políticas de Infraestructura