La electromobilidad es una realidad. El gobierno fijó el 2040 como la fecha en que el 100% del transporte urbano será eléctrico y el 2050 el que el 40% de los particulares también lo serán. Todo esto dentro del acuerdo de Política Nacional de Energía, aprobado el 2015, para ser un país carbono neutral y con una matriz energética limpia. Sin embargo, para esto es fundamental entender que existe una serie de desafíos: la regulación, promoción, estandarización, investigación y difusión de la e-movilidad, además, de situar dentro del panorama a un actor no considerado en este plan: la micromovilidad.

Una de las grandes tareas pendientes en esta materia es poner foco en la micromovilidad, de tal manera que el ciudadano a pie vea reflejado, en su día a día, los beneficios de las energías eficientes. Se necesitan incentivos claros, tanto para usuarios de automóviles, motocicletas, bicicletas o scooters eléctricos, como para quienes distribuyen estas nuevas tecnologías. Más aún, si consideramos que en ninguna de las propuestas del Gobierno se encuentran estrategias, o futuras implementaciones que permitan un mayor uso de este otro tipo de transporte limpio.

En España, para dar solución a este tema, implementaron el Plan Moves II, el cual es un incentivo a la movilidad sostenible promovido por el Estado, con fondos europeos y gestionado por las comunidades autónomas. Comprende varios frentes de acción para subvencionar la compra de todo tipo de vehículos eléctricos, híbridos y de energías alternativas, así como la implantación de infraestructuras que les den soporte. Este es un incentivo directo y de varios cientos de Euros para comprar, por ejemplo, una moto eléctrica; beneficio que mueve la balanza hacia los vehículos limpios e inteligentes a la hora de elegir como moverse por la ciudad.

La tarea es macro y micro, va desde generar conciencia y crear incentivos para que las personas emigren al transporte eléctrico, hasta entender que existen numerosos cambios tecnológicos aparejados, que necesitan de una transformación digital, además de capacitación y generación de profesionales que puedan abordarla. Aunque hemos tenido avances: Enel dio a conocer, hace un año, la primera ruta eléctrica nacional que se extenderá de Arica a Punta Arenas, con más de 5 mil kilómetros, 1.200 puntos de carga públicos y más de 1.800 conexiones para vehículos eléctricos; y el sector empresarial, en conjunto con instituciones públicas, pusieron en marcha la creación del Centro de Aceleración Sostenible para la Electromovilidad (CASE), cuyo objetivo será crear un portafolio de proyectos de innovación aplicada (I+D+i), políticas públicas y programas de capital humano.

Si bien la evolución general de los vehículos eléctricos parece prometedora, la realidad es otra. Según el informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, entre 2018 y 2019, el número de vehículos eléctricos incrementó un 68%. Sin embargo, este crecimiento no es determinante ni significativo. Si vemos el mismo documento, el porcentaje representa la compra de 429 autos eléctricos que ingresaron al parque, mientras que en igual periodo la venta de vehículos a combustión fue de más de 75 mil. A esto hay que sumar que falta entender que la electromovilidad es un trabajo multisectorial, que involucra a áreas como transporte y energía, pero también la visión del sector inmobiliario, arquitectónico, urbanístico, y, muy importante, áreas de investigación aplicada y tecnología; campos vitales para la consecución de una mejor interacción del sistema de transporte, la ciudad, el sector productivo y aumentar los niveles de eficiencia energética que mejoren la competitividad del país.

Fernando Rouliez
Gerente General Horwin Chile