Después de una larga espera, el Ministerio de Hacienda estableció como prioridad el poder levantar un sistema de donaciones para las organizaciones de la sociedad civil, que sea simple, unificado, con mayor transparencia y fiscalización. La noticia es, sin duda, una luz de esperanza para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que por años han trabajado por simplificar el complejo marco legal con el que les toca vivir.
Este anuncio nos da la oportunidad de preguntarnos, ¿Qué marco regulatorio de donaciones se necesita hoy, tomando en cuenta el contexto de crisis sanitaria que enfrentamos?. Antes de poder responder esta pregunta, es fundamental señalar que Chile enfrentará por primera vez en 30 años un aumento en los niveles de pobreza, según las cifras entregadas por la Cepal. Una realidad que agudiza la necesidad de contar con el apoyo de las OSC, quienes históricamente han apoyado a los territorios y comunidades que viven en situación de pobreza; instituciones que, al mismo tiempo, se han visto fuertemente afectadas con la pandemia, al tener menor disponibilidad de fondos, al no poder desarrollar eventos, levantar nuevos socios y a la baja en las donaciones por parte del sector empresarial, intentado subsistir sin que estas dificultades mermen la calidad de su trabajo y colaboración con los sectores más vulnerados.
Asimismo, como organizaciones de la sociedad civil que vivimos esta necesidad desde dentro, levantamos de manera colaborativa observaciones a la propuesta entregada por el Ministerio de Hacienda, definiendo como punto urgente la necesidad de contar con un marco regulatorio que potencie el rol de nuestro sector. Para esto, específicamente se requiere un marco orientada a:
Mejorar el sistema de donaciones, incentivando las donaciones por medio de la alza de topes legales para hacer donaciones, y disminuyendo la burocracia por medio de la creación de una acreditación de donatarias o una calificación previa de OSC.
Ampliar Fines, integrando las causas de DDHH, Medio ambiente y Salud como receptoras de donaciones con beneficio tributario, materias de gran importancia y estrechamente vinculadas con la superación de la pobreza.
Modernizar la institucionalidad, mejorando las medidas de registro para seguir manteniendo el alto nivel de confianza en la sociedad civil a través de un portal único de registro de organizaciones que pueden recibir donaciones. Esto se puede iniciar sin la necesidad de una nueva ley, sino haciendo cumplir la normativa vigente y con una buena capacidad de gestión administrativa y recursos suficientes.
Teniendo en consideración el informe reciente de la OCDE sobre tributación y filantropía, es importante aclarar si es que las propuestas de uniformidad de leyes significan eliminar los beneficios crédito/gasto, presentes en las leyes educacionales, sociales, deportivas y culturales. Dichos cambios, podrían implicar que las OSC con donaciones bajo estas leyes verán sus ingresos reducidos en un 43%, lo cual es muy grave en el contexto actual de crisis económica, cierre de programas sociales y quiebra de algunas OSC.
La observancia de la situación actual nos puede llevar a la conclusión apresurada de que la extensión de la ley de catástrofes y sus facilidades a las donaciones podrían ser suficientes, sin embargo, no es posible que esta ley sea extendida más allá de marzo del 2022, y se hace necesario salir del “modo emergencia”, para pasar un modo “reconstrucción” que establezca mejores niveles de transparencia y con ello mantener los altos niveles de confianza que la sociedad tiene en las OSC.
Creemos, junto a cientos de organizaciones de la sociedad civil, que estos cambios no solo son necesarios, sino que también son posibles; que las organizaciones donantes responderán positivamente, y que el congreso estará dispuesto a acompañar a Hacienda en este camino, poniendo el bienestar de la sociedad por delante.
