La Cámara de Diputados aprobó con 81 votos a favor y 56 en contra, un proyecto de ley que crea el estatuto laboral especial para jóvenes entre 18 y 29 años, que en un comienzo aplicará a quienes cursen educación superior. La derecha, casi por walkover político considerando el estado actual de la oposición, gana con ello una inquietante y radical modalidad de flexibilización laboral que busca relativizar los derechos laborales, de alcances insospechados.

El gran empresariado, buscando nuevas formas de convenir sus ventajas y maximizar sus ganancias a costa de la precarización de la vida de la población, ha defendido profusamente esta iniciativa, al punto de vestirla como una necesidad que responde a los intereses generales del país (bajo la idea –falaz como veremos– de que será una forma de garantizar derechos a las personas jóvenes que trabajen). En este marco, se elaboró una política fundamentada en una falacia que implica sostener, en base a categorías sociales ambiguas como la “juventud”, inquietantes diferencias respecto a la regulación del trabajo: ahora ser una persona joven, trabajadora y estudiante, según ellos, amerita una regulación laboral distinta.

Lo anterior se plasma en un proyecto de ley, que de ser implementado tal como se planteó, llevará al mundo del trabajo a un tipo de flexibilización laboral inédita, sólo comparable a las miserables condiciones laborales de principios de siglo que dieron origen a la “cuestión social”. Es decir, significaría un retroceso de casi cien años en lo que respecta a derechos para este segmento de trabajadores/as, y, a contracara, abre la ventana para una concepción peligrosa respecto a la regulación del trabajo en general.

Una medida como esta ofrece una doble victoria para el empresariado. Por un lado, se concreta como legítima una forma inaceptable de flexibilización laboral en un segmento de la fuerza laboral del país, que podría ser extendida a otras categorías sociales, como por ejemplo a la vejez. Y por otro, sienta las bases de lo que puede ser un universo de personas disponibles para configurar un mercado laboral precario. Según la VIII Encuesta Nacional de la Juventud de 2017, el 24% de la población chilena está entre el rango etario de 15 y 29 años (jóvenes) lo que equivale a 4.283.245 personas. A ojos del empresariado es un suculento universo de plusvalía, donde la condición de estudiante-joven se presta como excusa perfecta para contratar en condición ventajosa y desfavorable para los/as trabajadores/as; se aumentarán las ganancias y relativizarán derechos laborales históricos. Y, por cierto, se incorporará una suculenta inyección de recursos frescos a las deslegitimadas AFP, a contrapelo de lo que las movilizaciones sociales de los últimos años han demandado.

En la región de Tarapacá el impacto de este estatuto es dramático. Según los datos del Censo 2017, Tarapacá es una de las regiones con mayor proporción de jóvenes entre 18 y 28 años a nivel nacional, con un 18,5% de la población efectivamente censada, tiene la tercera mayor proporción de “jóvenes” en el país. En la misma línea, respecto al análisis de los datos, se indica que Alto Hospicio es una de las comunas más jóvenes de Chile con una edad promedio de 28,8 años. Por lo tanto, este proyecto se presenta como una clara amenaza a los intereses de miles de habitantes en nuestra región, donde además se debe lidiar con uno de los costos de vida más altos a nivel nacional. En este escenario, quienes trabajan para estudiar son, en general, aquellos que pertenecen a los sectores más precarizados de la región, los/as cuales no tendrán acceso a otra regulación más que al régimen que establece el actual estatuto.

Según la Encuesta Nacional del Empleo, para el trimestre AMJ 2018, en Tarapacá habitaban 62.917 personas entre 18 y 28 años , de las cuales 30.519 estaban ocupadas. De este total, 20.009 se verán en lo inmediato de promulgarse la ley como está afectadas, es decir; dos de cada tres jóvenes asalariados de Tarapacá entre 18 y 28 años se verán afectados por estatuto laboral juvenil.

La gran mayoría estos se desempeñan en los sectores de comercio, servicios y minería. Estos rubros son dominados por importantes “carteles” empresariales, como la Asociación de Industriales de Iquique, que aglutina al poder empresarial de la región, los que serán mayormente beneficiados con esta medida. Los mismos que fueron beneficiados con el caso “Corpesca”, que están arruinando el borde costero y la pampa y han sido protagonistas de los escándalos de financiamiento irregular de la política en Tarapacá.

Para los y las trabajadoras, las consecuencias serán dramáticas, debido a que crea trabajadores/as de primera y segunda categoría. Aquellos/as que estarán regidos por las normas generales, y aquellos/as entre 18 y 28 años sometidos al régimen del estatuto. Con éste, los/as empleadores/as podrán organizar a su medida la jornada de los/as empleados/as, generando turnos de trabajo fragmentados de hasta diez horas, pero no continuas, de acuerdo a criterios de la empresa y no de la supuesta “conciliación” entre trabajos y estudios con que se hace propaganda al proyecto. Por otro lado, se suprime el descanso dominical y no existirá derecho a licencias médicas de quienes estén contratados bajo el estatuto, asumiendo el costo de salud de quienes sea carga él o la trabajadora, es decir, en general de sus padres. No hay que profundizar mucho para tener claridad de las consecuencias de este tipo de vínculo laboral en la vida de las personas.

El contrato automáticamente termina cuando se cumplen 29 años de edad, sin indemnizaciones, ni reconociendo antigüedad del trabajador/a. No considera fueros maternales para madres entre 18 y 28 años, ni tampoco fueros sindicales. Para ser aceptado en el empleo debe un estudiante-joven y tener disposición para someterse a un contexto de precarización que se traduce en una total disponibilidad de su fuerza de trabajo y voluntad hacia el empleador/a. En definitiva, como manifiesta el profesor Derecho del Trabajo de la Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Caamaño, la aprobación de este proyecto creará “trabajos basura”.

Como siempre, cuando hay que resolver temas importantes, la discusión en el parlamento pasa desapercibida ante los ojos de la sociedad tarapaqueña. En dicha condición, no era de esperar que los diputados de la derecha regional se enfilen con el estatuto joven, soslayando con total indiferencia los datos anteriormente expuestos y sin promover debate alguno respecto a los efectos que éste provocará. Con su aprobación, los diputados de la zona; Renzo Trisotti (UDI) y Ramon Galleguillos (RN), se han puesto en contra de los/as trabajadores/as y han facilitado el debilitamiento de los derechos laborales. En definitiva, las consecuencias de estas medidas tienden a definir un escenario de incertidumbre en la sociedad trabajadora de la región.

Lo cierto es que el trabajo es trabajo, haga quien lo haga. No podemos permitir que se disponga de relatividad su contenido por que lo hace tal o cual persona. La disposición del tiempo útil de una persona para la producción de un servicio o mercancía/producto, es lo que debe cobrar valor, y el bienestar de los/as trabajadores/as debiese ser el sentido de la política pública. La relación que debiera mediar el Estado con las/os trabajadoras/es, independiente a su categoría social, es la disposición de la fuerza humana en torno a la creación de circunstancias que generen valor, considerando al trabajo por sobre el capital. Sin embargo, el estatuto promueve trabajo precario y beneficia al empresariado intensificando la explotación. Lo correcto es avanzar en más derechos laborales y re fortalecer la organización sindical. Fue muy clara la falta de organización respecto a este conflicto en Tarapacá y se hizo notar la ausencia de un actor social determinado para enfrentar esta iniciativa por parte de los sectores movilizados regional. La lucha que demanda la reconquista de derechos laborales nos da cuenta de los desafíos que como trabajadores y trabajadoras tenemos en el presente de Tarapacá; Reconstruir una fuerza capaz de posicionar en la política nuestros intereses.

Rodrigo Oliva Vicentelo
Ingeniero Civil Industrial
Excandidato a diputado por IA