Mientras el sistema internacional avanza hacia una revalorización del territorio, de las rutas estratégicas, de los recursos críticos y de los espacios polares, nuestra política austral continúa observando el extremo sur con una mirada dispersa y tímida, sin registrar los cambios del orden geopolítico y geoeconómico en marcha.
Las demoras en la reglamentación del Estatuto Antártico y en torno a la defensa de nuestra plataforma continental magallánica, las desprolijidades aún no resueltas en la delimitación del Parque Marino Islas Diego Ramírez-Paso Drake, las incertezas exhibidas respecto del marco legal y político que rige nuestro Estrecho de Magallanes, o la falta de un examen más riguroso de iniciativas como el Tratado de Alta Mar, retratan las dificultades que hereda nuestra política exterior para desplegar una política austral para un futuro que ya es palpable, que se centre en el valor del territorio y del paisaje, se cohesione con nuestras comunidades australes, y que esté jerarquizada bajo un mando político único.
La tríada “Magallanes–Mar Austral–Península Antártica” constituye uno de los activos geopolíticos más relevantes del hemisferio sur. Sin embargo, el país continúa abordando este espacio con políticas sectoriales fragmentadas y una insuficiente conciencia de su revalorización estratégica. La consecuencia es evidente: poseemos un activo de valor creciente en el sistema internacional, pero carecemos todavía de una arquitectura política que permita convertir esa ventaja geográfica -y aglomerar nuestras capacidades-, bajo un concepto político que proyecte a Chile en una posición austral privilegiada.
La geografía por sí sola no produce poder. El poder surge cuando una comunidad política comprende el significado estratégico de su territorio y organiza sus instituciones para proyectarlo. La historia demuestra que los espacios que no son valorizados por quienes los poseen terminan siendo considerados por otros actores con mayor claridad estratégica.
Lo que hoy observamos en el extremo austral del planeta es precisamente ese fenómeno. Mientras China incrementa su infraestructura polar, Argentina fortalece sus capacidades logísticas antárticas y ordena toda su política austral bajo una Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur (en Cancillería), Australia amplía su presencia científica y las grandes potencias incorporan el sur global dentro de sus cálculos estratégicos de largo plazo, nuestro país aún no termina de asumir el austro como una pieza única, protagónica y central en la nueva geopolítica global.
La creciente centralidad de la geografía en la que se inserta Magallanes y Antártica Chilena, obligan a una revisión profunda de nuestras prioridades e institucionalidad. Si durante gran parte del siglo XX el norte fue el horizonte natural de la política internacional, el siglo XXI comienza a mostrar que los espacios australes están adquiriendo un valor creciente para la seguridad global, la gobernanza climática, las cadenas logísticas, la investigación científica y la futura competencia por recursos estratégicos. En este sentido, el papel ordenador de nuestra Cancillería es indispensable, tal vez bajo una gran división austral, que dirija y coordine la política austral de la triada aludida con una mirada geopolítica.
La pregunta, por tanto, no es si nuestra zona austral adquirirá importancia internacional, pues dicha transformación ya está ocurriendo. La verdadera interrogante es si nuestro país será capaz de reconocer oportunamente esa realidad y actuar en consecuencia. En este campo, el rol de nuestra política exterior es crucial, ya que bajo ella debiera edificarse una política austral del siglo XXI.
El desafío es particularmente urgente, porque la soberanía no depende exclusivamente de títulos jurídicos ni de derechos históricos. Deriva también de presencia efectiva, densidad poblacional, infraestructura, capacidad logística y voluntad política sostenida. En este sentido, el estancamiento demográfico de la Región de Magallanes y el envejecimiento acelerado de su población constituyen problemas que trascienden el ámbito regional, para convertirse en un asunto de interés estratégico nacional.
Un país que no habita plenamente sus espacios más relevantes difícilmente podrá proyectarlos como pilares de su política exterior. De allí que el fortalecimiento de la presencia chilena en el extremo austral y la creación de una institucionalidad especializada para coordinar esa tarea no constituyan únicamente una política de desarrollo regional. Representan, en realidad, una decisión de carácter geopolítico destinada a asegurar que Chile ejerza plenamente el liderazgo que su propia geografía le ha conferido.
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