Estatuto Antártico y Tratado de Alta Mar: ¿Qué esperamos los magallánicos del Estado chileno?

En 2020 se promulgó el Estatuto Antártico Chileno, cuyo objetivo era fortalecer la posición soberana de Chile, consolidar presencia estatal en el mar antártico chileno y establecer una institucionalidad moderna para la administración de los intereses nacionales en la Antártica. Sin embargo, parte importante de sus reglamentos no han sido dictados, lo que impide su implementación y trunca su objetivo territorialista.

Paralelamente, el gobierno del presidente Boric impulsó con una premura desconocida la aprobación del Tratado de Alta Mar, sin una discusión estratégica proporcional a sus implicancias geopolíticas y jurídicas sobre el mar antártico chileno.

El contraste es evidente: mientras la implementación del Estatuto Antártico permanece estancada, se priorizó un acuerdo internacional que debilita el ejercicio soberano sobre espacios antárticos chilenos.

Ese conflicto nunca fue discutido con la profundidad necesaria, porque parte de la clase política chilena creció y se desarrolló sin arraigo territorial y reemplazó el análisis de soberanía por categorías de gobernanza global, cooperación multilateral y administración ambiental. Una clase dirigente que se refugia en el pasado, en los afanes y que no asume ni siquiera como una variable de discusión a un orden global que vuelve a posar su interés en las capacidades y poder estatales, control territorial, la logística y la presencia efectiva.

Argentina lo entendió con claridad en su extremo austral. Fortaleció su infraestructura austral en Tierra del Fuego, expandió capacidades logísticas y sostuvo una política de Estado consistente respecto de la Antártica y el Atlántico Sur. El resultado muestra un desequilibrio estratégico con Chile, ya que nuestro problema austral descansa no sólo en falta de infraestructura inteligente, sino en algo más profundo: la falta de pensamiento, es decir nuestra incapacidad de perforar el tejido del prejuicio y de la obviedad que le permita a nuestro país preguntarse por la Antártica en estos tiempos.

Esa incapacidad permea todo el aparato burocrático y ha garantizado errores como el Tratado de Alta Mar -que nació en una era de principios y valores que están siendo dejados atrás-, sin haber debatido su utilidad y vigencia para un mundo que avanza hacia el territorialismo. Ni Argentina ni el Reino Unido han aprobado aún el Tratado de Alta Mar, ambos países con reclamaciones territoriales sobre nuestro mismo sector antártico.

Entonces, el problema consiste en que Magallanes no puede seguir absorbiendo el costo de esa desconexión entre la burocracia centralista y la época que atravesamos, ante lo cual llegó la hora que los magallánicos nos formulemos la siguiente pregunta: ¿qué queremos y podemos seguir esperando de nuestra relación con Chile y su centralismo?

Lo que necesitamos es tal vez una política austral coherente y con arraigo territorial, infraestructura inteligente, basada en una prospectiva regional que apunte a 10, 20 y 30 años, que ofrezca poder real y continuidad estratégica.

Eso implica esencialmente fortalecer Tierra del Fuego y Puerto Williams, aumentar presencia humana y logística en el sur, dar un salto cualitativo en una educación para la región, y consolidar infraestructura que permita ejercer influencia efectiva en la Antártica y en nuestro mar magallánico bioceánico. Un Estatuto que garantice más y mejor autonomía regional es y puede ser la respuesta, como también una clase dirigente regional a la altura de Magallanes y sus desafíos futuros.

La soberanía no se sostiene mediante declaraciones ni una burocracia globalista desconectada con el pueblo, el territorio y el paisaje, sino mediante presencia, infraestructura, capacidad institucional y decisión política.

Un Estado que perdió arraigo territorial en Magallanes está administrando una región que ya no comprende. Y en el extremo austral, esa desconexión le está costando a Magallanes su esencia austral y a Chile presencia, influencia y destino histórico.