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Las diputadas del Partido Republicano, Catalina del Real y Valentina Becerra, tomaron medidas por denuncias de corrupción en el Terminal Pesquero Metropolitano. Becerra se reunió con locatarios afectados por cierres arbitrarios y mal manejo del dinero. Destacó el caso de una mujer embarazada con denuncia por malos tratos y retención ilegal de mercadería.
Las diputadas del Partido Republicano, Catalina del Real y Valentina Becerra, decidieron tomar medidas fiscalizadoras por las denuncias de corrupción en la gestión del Terminal Pesquero Metropolitano.
Becerra estuvo en una reunión con locatarios que se han visto afectados por cierres de locales de forma arbitraria y la falta de transparencia en el manejo de los ingresos mensuales por parte del recinto.
La parlamentaria enfatizó en un caso de una mujer embarazada, quien por más de un año ha sufrido una persecución sistemática; y ya realizó una denuncia a Carabineros por malos tratos y retención ilegal de su mercadería.
“No vamos a tolerar que un recinto que opera sobre terrenos del Estado se convierta en un centro de presuntas operaciones criminales y abusos contra trabajadores honestos”, señaló la diputada.
Del Real criticó el hecho de que una administración cedida por el Estado pueda tener sospechas de una posible red criminal. “El Estado no puede entregar terrenos para que se conviertan en ‘feudos’ sin transparencia ni ley”, indicó.
Las dos parlamentarias pidieron al Ministerio de Bienes Nacionales sobre si fiscalizaron las obligaciones de la asociación gremial; y al Ministerio de Economía por los antecedentes de la gestión y las medidas que tomaron la Subsecretaría de Pesca y SERNAPESCA por los cierres arbitrarios de locales.
También solicitaron al Servicio de Impuestos Internos un informe sobre el cumplimiento tributario del recinto y si hubieron sanciones en los últimos cinco años con el Impuesto a la Renta y el pago de IVA.
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