La filial panameña de la empresa china Hong Kong CK Hutchison Ports, Panama Ports Company (PPC), ha activado un arbitraje internacional contra el Estado de Panamá tras la anulación de su concesión por parte del Tribunal Supremo del país para operar dos puertos en el canal interoceánico.
En un comunicado, la firma explica que dicho arbitraje se produce “tras una campaña del Estado panameño” dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión y después de un año marcado por una serie de acciones “abruptas” que culminaron en “daños graves y daños adicionales” hacia la empresa.
Así, el arbitraje se basa en el incumplimiento del ‘contrato-ley’ entre PPC y Panamá durante cerca de casi tres décadas. A cambio, la empresa exige una indemnización “amplia” que se sustente en una evaluación de datos financieros relevantes, sujeta a una pronta resolución.
Panamá deberá enfrentar un arbitraje internacional tras decisión contra empresa china
El operador portuario ha resaltado sus “extensos esfuerzos” a lo largo del último año para consultar y evitar disputas con Panamá.
“En cambio, a lo largo del año pasado, desde el inicio del presente año e incluso en los días recientes, el Estado panameño ha rutinariamente desestimado las comunicaciones, esfuerzos de consulta y solicitudes de claridad”, ha agregado.
Pese a los desacuerdos entre ambas partes y al arbitraje internacional iniciado, PPC “reitera enérgicamente su invitación al Estado panameño para proporcionar claridad y consultas para resolver este asunto”.
La Corte Suprema de Panamá declaró hace una semana inconstitucional el contrato otorgado a PPC para operar dos puertos cerca del Canal de Panamá.
Se trata de una licencia establecida en 1997 y prorrogada posteriormente, pero en los últimos meses ha recibido las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el grado de influencia china en la infraestructura.
China dice que es “jurídicamente absurdo”
Desde la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado de China han sentenciado que “el fallo es jurídicamente absurdo, lógicamente defectuoso y absolutamente ridículo”.
“El hecho de que Panamá haya declarado inconstitucional el contrato significa que puede declarar inconstitucionales, de igual manera, otros contratos de concesión aprobados en cualquier momento en el futuro”, criticaron en su cuenta de WeChat.
Ante la sentencia del Tribunal Supremo panameño, el Gobierno chino reitera que está “firmemente comprometido” con la salvaguardia de los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas “y nunca se quedará de brazos cruzados ante la intimidación hegemónica”.
Enviando corrección, espere un momento...
