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El gobierno enfrenta una decisión estratégica. Persistir en soluciones administrativas para problemas estructurales puede debilitar a Fonasa.
La decisión de la aseguradora Zúrich de no asumir el Modelo de Cobertura Complementaria (MCC) dejó al descubierto algo más profundo que un problema de licitación: expuso las fragilidades estructurales del diseño con el que el gobierno busca redefinir el rol de Fonasa en un sistema tensionado por la desconfianza y el riesgo mal distribuido.
No es un episodio aislado, sino una señal de alerta sobre la viabilidad de una política que pretende apoyarse en privados sin ofrecer un marco claro y predecible.
La respuesta de Fonasa de avanzar por trato directo para adjudicar las fracciones vacantes es comprensible por urgencia, pero compleja por la señal institucional que transmite.
Cuando una licitación no atrae actores para asumir el riesgo completo, el problema suele ser de diseño y certezas de largo plazo. Persistir en el mismo camino, cambiando solo el mecanismo administrativo, no aborda las causas de fondo.
El rechazo de Zúrich es una advertencia. Las aseguradoras señalan que el MCC, tal como está concebido, no ofrece condiciones para una gestión sostenible. Costos crecientes difíciles de anticipar, alta judicialización, falta de control clínico y una demanda contenida que emergerá, conforman un escenario poco atractivo. No es desinterés, es una evaluación racional del riesgo.
Se suma una asimetría crítica: las responsabilidades trasladadas a los aseguradores frente a las facultades reales para gestionar el riesgo.
Sin capacidad de incidir en redes, protocolos o pertinencia clínica, el MCC termina siendo una transferencia de incertidumbre más que un esquema de aseguramiento. En estas condiciones, la sostenibilidad financiera es una promesa difícil de cumplir.
El trato directo no resuelve el dilema. Puede permitir avanzar hoy, pero tensiona la legitimidad y refuerza la percepción de improvisación. Instala, además, un precedente: cuando el diseño falla, se reemplaza la competencia por negociaciones ad hoc. Si esto también fracasa, reiniciar el proceso implicaría reconocer que el MCC requiere un rediseño profundo, con el consiguiente costo político.
El gobierno enfrenta una decisión estratégica. Persistir en soluciones administrativas para problemas estructurales puede debilitar a Fonasa. El MCC requiere reglas claras, distribución de riesgos e incentivos alineados. Sin estos elementos, el modelo será una fuente adicional de inestabilidad para un sistema que ya opera al límite.
Insistir en su implementación hoy parece más voluntarismo que realismo técnico. Suspender el trato directo no debería leerse como derrota, sino como oportunidad para corregir el rumbo. Mejorar el MCC exige tiempo y un rediseño que probablemente excede los márgenes de la actual administración. Forzarlo ahora puede hipotecar su viabilidad futura.
En política pública, la decisión más responsable no es avanzar a cualquier costo, sino reconocer los límites y corregir antes de que el daño sea mayor. Aceptar la pausa y trabajar en un modelo robusto es la única forma de construir una cobertura complementaria sostenible y útil para las personas.
