Hasta los tribunales laborales llegó la trama de la salida de Patricio Farfán Bórquez –ex gerente corporativo de Empresa Nacional de Petroleo (ENAP) Refinerías S.A.–, quien fue desvinculado el pasado 13 de octubre de la estatal por razones de “falta de probidad” al considerarse que había incidido en la contratación de su pareja, Alejandra Ternicien Soto, en un cargo que dependía de él.
Sin embargo, en una demanda por tutela laboral presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, Farfán acusa a la ENAP de no haber respetado el debido proceso en su desvinculación, argumentando falsedades en el relato de la carta de despido e indicando que su versión nunca fue escuchada dentro de la investigación fiscal que culminó con su salida, que fue llevada adelante por el ex fiscal Carlos Gajardo.
Asimismo, afirma que, hasta el día de hoy, no se le ha permitido conocer el expediente del sumario. Por ello, Farfán como Ternicien –quien también ingresó una demanda por el despido, ambos representados por los abogados Fernando Ramos Rodríguez y Pablo Fabbri Alvarado– solicitaron que el tribunal obligue a ENAP a exhibir el documento que contiene la información sobre el desarrollo del proceso de desvinculación, fijándose audiencia el 9 de enero para que esto se lleve a cabo.
Entre indemnizaciones por falta de aviso previo, convencionales y por daño moral, además de bonos, el monto solicitado por Farfán en la demanda asciende a $638.570.547.
Consultados por Radio Bío Bío, en ENAP confirmaron “que la decisión tomada fue adoptada como resultado de una investigación rigurosa, robusta, confidencial y reservada; con apego a los protocolos y procedimientos internos y respetando el debido proceso”. Agregaron que “de acuerdo a lo requerido y según sea el caso, pondrá los antecedentes de la investigación interna a disposición de los tribunales de justicia”.
El despido: la polola “apitutada”
Tal como reveló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío en noviembre pasado, Patricio Farfán fue desvinculado el pasado 13 de octubre en medio de un escándalo y acusaciones por haber supuestamente “apitutado” a su polola, hoy esposa, Alejandra Ternicien.
De acuerdo a la carta de despido, en el proceso de investigación llevado a cabo por Carlos Gajardo –exfiscal que fue contratado por la estatal para la indagatoria– se habría podido acreditar que Farfán intervino durante el proceso de selección para el cargo de Director(a) de Gestión Territorial de Concón, obtenido por su pareja.
El documento indica que en el procedimiento Farfán habría realizado un cambio de perfil para el cargo y que, a pesar de que inicialmente se habrían seleccionado 10 candidatos entre los que no se incluyó a Ternicien, ella habría sido agregada de igual manera y posteriormente seleccionada. “La intervención activa en el proceso de selección señalado se produce paralelamente mientras Ud. mantenía una relación afectiva con la Sra. Alejandra Ternicien (…)”, indica la carta, agregando que esto se habría comprobado por declaraciones, además de fotografías de abril y julio de 2025 de ambos en locales nocturnos.
A juicio de ENAP, la situación habría caído en un incumplimiento grave de obligaciones por falta a la probidad. Específicamente, por omitir la declaración de intereses y presentarla como “pareja” en vez de “cónyuge”, una vez que ya estaban casados. También por haber influido activamente en el concurso que permitió la contratación de su pareja y, finalmente, por haber conversado con un testigo respecto a un posible aumento de sueldo para Alejandra Ternicien y una contratación de personal de apoyo.
La demanda: relato artificial y sin defensa
El paso de Farfán por ENAP se inició en 1999 cuando ingresó como Ingeniero en Proceso. Luego pasó por los puestos de Jefe de Planta de Procesos, Gerente de Refinería de Concón para, finalmente, quedar en el cargo de Gerente de Refinerías de Chile, dirigiendo las refinerías de Concón, Concepción y Punta Arenas. Por este rol, recibía una remuneración bruta de $22.546.872, cargo que cesó con su despido el 13 de octubre de 2025.
De acuerdo a lo presentado por su defensa en los tribunales, en este despido no se habría respetado el debido proceso. Principalmente alegó que durante la investigación interna no pudo declarar ni ejercer defensa activa, ya que habría sido citado cuando estaba de vacaciones. También alegó no haber tenido acceso jamás a las copias del sumario y que no se practicaron las diligencias solicitadas por su parte. “El despido se basó en una investigación que no consideró mi versión”, se lee.
Asimismo, afirmó que la empresa adoptó medidas de forma “arbitraria y desproporcionada”, y que el relato de la carta de despido habría buscado construir una causa para su desvinculación “de manera artificial”, sobre hechos que habrían “ocurrido de una manera totalmente distinta”.
En primer lugar, alegó que su participación en el proceso de selección se habría reducido a revisar la propuesta de perfil del cargo, y que habría sido otro funcionario quien decidió incorporar a Ternicien en la nueva lista de postulantes.
En segundo lugar, indicó ser “absolutamente falso” que hubiese tenido una relación sentimental con Alejandra Ternicien durante el proceso de selección de 2024, y que ese vínculo se inició recién en julio de 2025, casándose en septiembre de ese año, hecho que habría sido integrado regularmente en su declaración de interés.
Asimismo, alegó una vulneración a su honra por el tenor de la denuncia interpuesta y el “desprestigio” a su calidad de profesional, poniéndo énfasis en el hecho de que se haya difundido la información a medios de comunicación y que, en un comunicado, uno de los sindicatos de la empresa se haya atribuido el “triunfo” de su desvinculación.
En estos momentos la demanda por tutela laboral se encuentra siendo tramitada en el Juzgado de Letras y Trabajo de Valparaíso, al igual que la interpuesta por su pareja, Alejandra Ternicien, que también fue desvinculada a raíz de los hechos denunciados.
Entre indemnizaciones, bonos y otros, el monto solicitado por Farfán alcanza los $638.570.547, que incluye una indemnización por daño moral por la suma de $250 millones de pesos, que podrían salir de la empresa estatal.
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