Pagos de cientos de pesos en efectivos, transferencias vía MACH, la tolerancia de uso de celulares para estafas e incluso pagos por usar el baño para tener relaciones sexuales en la cárcel de Alto Bonito en Puerto Montt, son algunos de los elementos que los tribunales tomaron en cuenta para dejar en prisión preventiva a siete ex gendarmes y una civil por presuntamente formar parte de una red criminal junto a internos.
El Juzgado de Garantía de Puerto Montt estableció que el Ministerio Público contaba con pruebas suficientes para acusar por los delitos de soborno y cohecho, aunque las defensas de los siete ex gendarmes –que fueron dados de baja a consecuencia de las acusaciones– presentaron recursos de apelación para revertir la medida de prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.
Los imputados fueron detenidos la mañana del pasado 13 de enero en el marco de la Operación Torreón, coordinada entre la Policía de Investigaciones y Gendarmería. En general, se les acusa de facilitar el ingreso de especies prohibidas e ilícitas, recibir sobornos, hacer allanamientos para luego vender las especies o devolverlas a cambio de dinero, realizar arriendo de secciones del Complejo Penitenciario de Puerto Montt para realizar “trabajos” o tener relaciones sexuales, y vender comida prohibida al interior de los módulos. Como pago habrían recibido efectivo, transferencias vía la aplicación de banca digital MACH y especies como ropa, alcohol y elementos tecnológicos.
Durante la formalización, el Ministerio Público detalló la dinámica delictual y el modus operandi de los ocho imputados, dividiéndolos entre dos grupos: aquellos vinculados al módulo 43 y aquellos vinculados al módulo 41 y 42. Los detalles a continuación.
Módulo N° 43: la pareja del mozo
Las acusaciones de los hechos vinculados al módulo N°43 (de reos condenados de alta peligrosidad) describen el actuar del Suboficial Mayor Mario Palma –el de mayor grado de jerarquía respecto al resto de los internos y dirigente del gremio Anfup–, el Suboficial Francisco Romero, el Sargento Segundo Senén Orellana, además de la participación de la civil Marcela Moreno, pareja de uno de los internos, quien cumplía la función de “mozo” dentro de la cárcel.
Específicamente, el Ministerio Público acusó que los reclusos entregaban el dinero a través del “mozo” o directamente a Marcela Moreno, quien facilitaba sus cuentas bancarias para recibir depósitos de los internos y sus familiares, utilizando también la cuenta de su hija de 14 años para recepcionar los dineros. Entre enero de 2023 y agosto de 2025, Marcela Moreno habría recibido alrededor de 118 millones de pesos por conceptos de transferencias en su cuenta, y otros $26.500.000 en la cuenta de su hija por parte de internos, visitas y familiares vinculados al módulo.
Según el relato del Ministerio Público, Marcela Moreno se solía reunir con el Suboficial Palma en distintos lugares de la ciudad para entregarle al gendarme diversas sumas de dinero –tanto como soborno como para ser entregadas al “mozo”– y elementos tecnológicos para ser vendidos dentro del penal.
Por ejemplo, se cuenta que el 31 de marzo de 2025 Palma se habría reunido con Moreno en la calle Polpaico, donde le habría entregado cargadores de celular, audífonos y efectivo. El 22 de junio se habrían juntado en una feria libre donde Palma habría recibido celulares, más cargadores y medicamentos Viagra. El 5 de agosto, en el Mall Paseo Costanera, Palma habría recibido más de un millón de pesos en efectivo y más elementos tecnológicos.
Asimismo, se describe que en agosto de 2025 uno de los internos junto a su pareja habrían transferido $30.000 a la cuenta de Marcela Moreno, dinero cuyo objetivo habría sido sobornar a los funcionarios que cumplen funciones en el Módulo N°43 para utilizar el baño para mantener relaciones sexuales.
También se relata que el mismo Suboficial Palma habría ingresado de forma reiterada alimentos prohibidos, como sushi y sándwiches –elaborado por su cónyuge y su hija–, para la venta al interior del complejo.
Así, los imputados habrían colaborado y coordinado el ingreso de especies prohibidas, la utilización de celulares al interior del penal y permitido que las visitas mantuvieran relaciones sexuales al interior de los baños en horarios de visitas, a cambio de un beneficio económico.
Módulo 41 y 42: la vista gorda
En la formalización también se relataron los hechos ocurridos entre los años 2023 y 2025 en los módulos 41 y 42, en donde se habrían cometido ilícitos similares. En esta ocasión los acusados fueron cuatro gendarmes: el Suboficial Edgardo Cerna, el Cabo Segundo Nicolás Toro, el Cabo Marcelo Núñez y el Cabo Diego Casanelli.
De acuerdo a las acusaciones, de forma “concertada” y liderada por el Suboficial Cerna, los gendarmes habrían permitido el acceso de especies prohibidas, permitido la utilización de celulares y vendido a los internos –o devuelto a cambio de dinero– especies incautadas en allanamientos.
En la formalización se indicó que la Fiscalía habría logrado determinar que por BCI MACH durante el año 2025 el Suboficial Cerna habría recibido $500.000, Toro $200.000, Núñez $300.000 y Casanelli $1.000.000.
Una de las acciones que los gendarmes habrían tolerado sería la instalación de biombos artesanales –realizados con frazadas o telas– para que los internos realizaran actividades sin que los vieran las cámaras de vigilancias. Algunos de los ejemplos entregados en la formalización fue la utilización de teléfonos celulares para realizar estafas o coordinar el ingreso de droga. También habrían hecho la vista gorda a los lanzamientos de teléfonos y sustancias ilícitas al penal por sobre las murallas del centro penitenciario.
El Juzgado de Garantía de Puerto Montt otorgó un plazo de investigación de 200 días y el ingreso de los imputados al Centro Penitenciario de Valdivia, medida que podría ser revertida en caso de acogerse los recursos de apelación presentados por las defensas de los ahora ex funcionarios de Gendarmería.
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