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Para que el sistema logre la transformación esperada, el Estado debe asegurar financiamiento permanente, fortalecer la suficiencia de las prestaciones y establecer criterios claros de priorización que reduzcan brechas de cobertura y garanticen el acceso efectivo de los grupos más vulnerables.
Chile atraviesa una profunda crisis de los cuidados. Este fenómeno estructural, marcado por el acelerado envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia, expone la insostenibilidad de los arreglos tradicionales del cuidado basados históricamente en la familia y, abrumadoramente, en las mujeres.
La evidencia es clara: a 2024, el índice de envejecimiento alcanzó un alarmante 79%, y el 86% de las personas inscritas en la Base de Personas Cuidadoras son mujeres. Esta carga desproporcionada genera sobrecarga, empobrecimiento y limita sus proyectos vitales: el 35,3% permanece fuera de la fuerza laboral por obligaciones de cuidado, frente al 3,7% de los hombres.
Este diagnóstico coincide con lo expuesto en el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2025 de la Universidad Diego Portales, que identifica la crisis de los cuidados como una de las brechas estructurales más persistentes del país y destaca la urgencia de contar con un sistema de protección social que garantice el derecho al cuidado.
Frente a esta realidad, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) se erige como un hito crucial. El proyecto busca establecer un marco institucional integral que reconoce el cuidado como un derecho, con tres dimensiones fundamentales: el derecho a recibir cuidados, a dar cuidados y al autocuidado. El SNAC se define explícitamente como un esfuerzo para consolidar el cuidado como el “cuarto pilar de la protección social”.
El análisis del SNAC a la luz del derecho a la protección social, que proporciona el soporte material esencial para la realización del derecho al cuidado, revela que, si bien el proyecto representa un avance significativo, su diseño e implementación deben abordar nudos críticos de cara a los estándares internacionales:
Primero, su diseño preliminar es compatible con los principios de universalidad y no discriminación, dado que los requisitos de elegibilidad no excluyen formalmente a grupos vulnerables. Sin embargo, la oferta actual de programas sigue siendo fragmentaria: tiene cupos limitados y no siempre está disponible en todas las regiones y comunas.
La ausencia de criterios claros de priorización puede obstaculizar el acceso efectivo a quienes más lo necesitan. Y, aunque el proyecto considera accesibilidad en transporte, no aborda barreras digitales, culturales o lingüísticas que afectan a personas con discapacidad o población migrante.
Segundo, el proyecto reconoce el trabajo de cuidados no remunerado como una actividad con función social y económica. No obstante, las prestaciones previstas resultan insuficientes: el estipendio máximo para cuidadoras ($32.991 mensuales en 2024) equivale solo al 20% de la línea de pobreza extrema individual (mayo 2025). Este monto está lejos de reflejar el valor social del cuidado.
Tercero, la ausencia de mecanismos concretos de financiamiento permanente del SNAC a largo plazo constituye el aspecto más crítico. La dependencia del presupuesto anual puede restringir la ampliación progresiva de la oferta y comprometer la estabilidad del sistema. El gasto previsto para el primer año (0,09% del PIB) contrasta con el promedio del 1,5% del PIB que los países de la OCDE destinaron en promedio a cuidados de largo plazo en 2018.
Por último, aunque el enfoque de género e interseccionalidad están incorporados como principios rectores, serán necesarias medidas específicas que traduzcan esos principios en acciones concretas para evitar que se transformen en declaraciones meramente formales.
El SNAC es una respuesta institucional largamente esperada ante la crisis de los cuidados. Sin embargo, su tramitación no presenta avances desde julio de este año y su no aprobación implicaría el riesgo de incumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos.
Para que el sistema logre la transformación esperada, el Estado debe asegurar financiamiento permanente, fortalecer la suficiencia de las prestaciones y establecer criterios claros de priorización que reduzcan brechas de cobertura y garanticen el acceso efectivo de los grupos más vulnerables.
