A 15 años de la Superintendencia del Medio Ambiente

En ese entonces, mediante la gran reforma de ese año a la Ley N°19300, se crea la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), siendo ella un clivaje central en el cambio institucional.

Efectivamente, se pasó desde una institucionalidad representada en la “CONAMA”, en que la fiscalización y el cumplimiento ambiental eran accesorios, a una nueva institución, la SMA, encargada 100 % del cumplimiento ambiental, constituyendo parte central de la reforma.

Reforma a la SMA

La SMA se ha consolidado como una entidad altamente técnica e incidente. Su presencia es innegable y su existencia es central en cualquier esquema regulatorio ambiental.

Nuevas leyes le han asignado competencias, tal es el caso de la Ley REP, o de impuestos verdes, lo que confirma que se considera a la SMA, y su estándar regulatorio como el mejor preparado para abordar estos nuevos instrumentos ambientales.

Quince años pueden ser pocos desde la perspectiva de vida de un servicio público, pero para la SMA, ha sido suficiente para identificar los espacios de mejora y, la necesidad de fortalecerla, considerando la importancia que ejerce.

El cumplimiento ambiental es un eje central para el resguardo de un Estado de Derecho, sin cumplimiento ambiental, se consolida la desconfianza, y se debilita la protección ambiental. De allí que una reforma acotada, hoy en tramitación en el Congreso Nacional, es necesaria para fortalecer sus competencias.

La necesidad de seguir avanzando

He ejercido desde el año 2023 hasta la fecha la presidencia pro tempore de la Red Latinoamérica de Fiscalización Ambiental (Redlafica). En ese rol he podido constatar la admiración y seguimiento que agencias de los distintos países de América Latina tienen de la institucionalidad ambiental chilena en general y, en particular de la SMA.

Debemos estar conscientes de nuestras fortalezas institucionales y estar orgullosos de ellas, de nuestros avances como país ante escenarios de crisis ambientales e incertidumbres varias. Pero ello no nos debe cegar ante la necesidad de seguir avanzando. Es responsabilidad de todos y todas, para que nuestras instituciones sean sólidas y capaces de permanecer e incidir, contribuyendo en la mejor protección ambiental, base para un desarrollo sostenible.