Presidenciables y frente externo en 2026

Quizás por la focalización en “lo que dicen las encuestas” (que solo “alumbran tendencias de corto plazo”), en la actual campaña presidencial los asuntos internacionales y -en definitiva- el contexto regional, hemisférico y mundial en el que -quien resulte elegido- asumirá el gobierno en marzo de 2026, no han sido tema de discusión.

Los respectivos “programas” se han remitido a enunciar generalidades y “expresiones de deseo” que, no necesariamente, tendrán espacio en un escenario que se adivina crecientemente complicado.

Para un país mediano, periférico y dependiente del comercio exterior, del precio de los hidrocarburos y de “la salud” de las bolsas internacionales, ese escenario importará circunstancias y complejidades que, la prudencia aconseja, es conveniente comenzar a visualizar.

En lo que corresponde al período que nos separa del 11 de marzo, hay que contentarse con lo que, en una reciente entrevista, el actual canciller singularizó como prioridades de política exterior. A saber: “el multilateralismo”, “la promoción de la democracia”, “la defensa del derecho internacional” y la “promoción del libre comercio”.

En perspectiva, ese listado es una “confesión de parte” de una élite de imaginación reducida, que insiste en “querer creer” que seguimos en la década de los 90s.

Esta es una forma de “vivir en el pasado”, que permite escapar del impacto acumulativo-perturbador de fenómenos políticos, geopolíticos y geoeconómicos que, comenzando por el ataque yihadista sobre Nueva York y subsiguiente “guerra contra el terror” en Afganistán e Irak, transformó estructuralmente al sistema internacional. Le siguieron la “primavera árabe” y, enseguida, el fin de las dictaduras de Libia y Siria. También el surgimiento del “Estado Islámico” y la interferencia iraní en Siria, el Líbano y Palestina, que sentaron las bases para la actual destrucción de Gaza, y la parsimoniosa ocupación israelí de Cisjordania.

Nuestros “expertos” tampoco parecen entender los efectos perniciosos de la aceleración del fenómeno migratorio africano hacia los países europeos del Mediterráneo (con su componente yihadista), que ocurre “en simultáneo” con “el boom de la inmigración ilegal masiva” en Iberoamérica, instrumentalizada por el crimen traslacional, resultando en inseguridad y violencia generalizadas.

Es más, solo en 2023 y a regañadientes, el gobierno debió reconocer la gravedad de la “operación militar especial” rusa sobre Ucrania, anunciada ocho años antes con la ocupación del Dombás y Crimea. La cancillería tampoco ha sido influyente para limitar el ciberacoso que el presidente Boric practica con Donald Trump, sin considerar, por ejemplo, el antecedente de los profundos efectos de las decisiones del presidente norteamericano sobre sus relaciones con Europa, que catalizaron la reformulación de la OTAN y apresuraron el rearme europeo (encabezado por Alemania y Polonia hoy amenazada por drones rusos).

Nuestra política exterior tampoco “prioriza” el significado de la agudización de la confrontación económico y militar en la Península de Corea y el Mar de China, o la confrontación directa de China con Estados Unidos en el Pacífico. Eso, no obstante que, desde la óptica norteamericana, un antecedente a considerar es la consolidación de la influencia comercial y económica china en nuestra región.

Todo esto, y un largo etc. de disputas, conflictos no resueltos o emergentes (por ejemplo, aquel entre Colombia y Perú en la región amazónica) no son, hasta aquí, materia de análisis y discusión abierta.

Espíritu noventero como salida de emergencia

En contraste, la anotada “priorización” del canciller revela que su ministerio se transformó en un “think tank u ONG progresista”, que por vocación, porfía o simple comodidad, rehúsa entender que la situación externa es crecientemente compleja, y que el énfasis en el “querer ser genérico” de “los derechos humanos”, el “cuidado del medio ambiente” y la “promoción del libre comercio” (en medio de conflicto tarifario mundial) no pasan de ser -como los “programas de gobierno”- simples “expresiones de deseo”.

Nada de eso protege a Chile de la turbulencia internacional in crescendo.

La insistencia en el “multilateralismo globalizado/universalista” es, por hoy por hoy, un anacronismo, un “dato histórico” que -en lo que más preocupa a los chilenos- propone ignorar realidades como la porosidad de nuestra frontera norte, y su impacto sobre las relaciones con los países vecinos (particularmente con Bolivia).

Esa “forma de leer” el escenario externo es una manera de evadir responsabilidades en temas esencialmente complejos como la cuestión del uso de la aguas del Río (y canal) Uchusuma en Arica-Parinacota, o la implementación del fallo de la CIJ sobre el límite marítimo con el Perú, o cuestiones limítrofes pendientes con Argentina en el Campo de Hielo Patagónico Sur y la plataforma continental al sur de las islas cabo de Hornos y Diego Ramírez (con sus derivaciones sobre la interpretación del Tratado de Paz y Amistad de 1984, y la normativa del Sistema del Tratado Antártico).

Lo que el canciller y el gobierno “parecen querer decirnos”, es que transcurridos más de tres años de administración, estos y otros temas materiales, complejos y contingentes, no son prioridades y que, “en el mejor de los casos”, “quedarán para el próximo gobierno”.

Diplomacia para Bachelet

Un asunto que seguramente quedará instalado por el actual gobierno será aquel de la precandidatura de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Esto, “dando por sentado” que el próximo secretario general provendrá de Iberoamérica y el Caribe y que, preferentemente, “será mujer”. Lo primero es una “práctica seguida -“hasta aquí”- por el organismo, en tanto que lo segundo no es parte de la normativa.

Conforme con reglas adoptadas en 2015, mientras el Secretario General será nombrado a fines de 2026 por la Asamblea General, esto ocurrirá “a proposición del Consejo de Seguridad”. Visto a trasluz este último “detalle”, resultaría sorprendente que -dado que la señora Bachelet representa al “multilateralismo más progresista”- desde el Consejo de Seguridad el gobierno ultraconservador de Donald Trump no bloquee su candidatura.

La elección del nuevo secretario general ocurrirá en el marco de una severa reestructuración presupuestaria, que ya afectó a organismos, programas y funcionarios de la ONU. Como parte de su nueva relación con ese organismo, el gobierno de Washington redujo su aporte cercano al 25% del presupuesto del organismo, mientras que el propio Trump acusó a “la burocracia de la ONU” de liderar una agenda hostil a los intereses de su país.

Con ese trasfondo, cabe preguntarse si la candidatura de la señora Bachelet sería, verdaderamente, una “candidatura país”. Si interpretamos que, ideológicamente, ella encapsula la “agenda progresista” reflejada en el proyecto de Constitución del actual gobierno (rechazado por dos tercios del país), claramente no lo es.

Adicionalmente, conviene tener en cuenta que una candidatura de esa envergadura demandaría gastos ingentes a un ministerio que -como ya se sabe- se entregará al próximo gobierno con serias restricciones presupuestarias. En un escenario tal, los recursos de la cancillería deberían concentrarse en una “campaña internacional” que demandaría una inversión millonaria, aunque esta no refleje “los valores” de la mayoría del país.

Aun así, si la candidata que aglutina a los partidos de gobierno resulta elegida, la “precandidatura” de la expresidenta sería un acto de consecuencia. En cambio, para cualquiera de los otros candidatos con posibilidades, no solo sería un acto de inconsecuencia ideológica, sino que un gasto al que, con toda seguridad, no estarán dispuestos.

Observado el asunto desde este ángulo, la suerte de la “precandidatura” de la señora Bachelet se decidirá en noviembre o, a más tardar, en diciembre, estos es, antes de llegar al Consejo de Seguridad.

Lineamientos de gestión y análisis prospectivo

Lo que en la coyuntura parece aconsejable es que los candidatos se tomen el tiempo para reflexionar y explicarnos sus propuestas en este y otros asuntos atingentes al “frente externo”.

Si bien el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de inmigración ilegal, crimen organizado y seguridad fronteriza serán, ciertamente, “prioridades de política exterior”, hay otros asuntos trascedentes que, como las anotadas cuestiones limítrofes no resueltas, merecen atención y preparación.

Resulta entonces oportuno que los “equipos de campaña” adelanten lineamientos de gestión diplomática para un escenario internacional fracturado y peligroso. Debemos estar conscientes y preparados para enfrentar “circunstancias catastróficas” gatilladas por conflictos como el de Ucrania que, según servicios de inteligencia alemanes y de otros países, podría generalizarse en 2027 (o quizás antes).

Lo mismo respecto de la cada vez más cercana agudización de la crisis de Medio Oriente (y del precio del petróleo), amén de otros problemas latentes como las disputas territoriales que el gobierno de Beijing mantiene con todos los demás Estados ribereños del Mar del Sur de China (plataforma continental).

Incluyendo el impacto acumulativo de la guerra tarifaría iniciada por la administración Trump, la profundización de cualquiera o varios de estos conflictos, no solo representa una “amenaza para la paz y la seguridad internacional”, sino que deben entenderse como amenazas directas a nuestra balanza comercial, al conjunto de la economía nacional y, en definitiva, al bienestar del país en su conjunto.

Asumir el gobierno sin contar con escenarios prospectivos del “frente externo” hará más difícil la tarea, y actuará como un hándicap que nos afectará a todos. Estamos a tiempo para que ello no ocurra.