Proteger nuestras aguas no es solo un deber político: es una responsabilidad histórica con los territorios más postergados de Chile. Ha pasado suficiente tiempo, ha habido demasiadas advertencias y promesas incumplidas.
Desde hace más de seis años, Chile enfrenta una situación de profunda preocupación por la extracción unilateral por parte de Perú de recursos hídricos que ese país comparte con el nuestro, tanto en el acuífero Concordia en la frontera de Arica y Tacna, como en el altiplano a través de la explotación indiscriminada de pozos subterráneos y desvío de un río internacional.
En este tiempo lo he denunciado repetidas veces, en reuniones con la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) y el envío de oficios a Cancillería acusando esta situación y también lo he expuesto con firmeza en el Congreso. Me he sumado también a reclamos del alcalde de General Lagos, de las comunidades altiplánicas y de las organizaciones de agricultores de la Región de Arica y Parinacota. Sin embargo, nada se ha avanzado con el país del suspiro limeño.
La sobreexplotación de dicho acuífero y de la cuenca hídrica altiplánica por parte de la nación vecina, a través de cientos de pozos ilegales, desvíos de cursos de agua y obras unilaterales, transgrede su uso equitativo y razonable por nuestros dos países, como lo ordena el derecho internacional.
Uno de los casos más graves es el desecamiento del río Uchusuma, que nace en Perú y continúa su cauce en Chile absolutamente desecado, porque los peruanos desvían la totalidad de sus aguas hacia el canal Uchusuma que riega el valle de Tacna, sin consulta ni coordinación con Chile. A esto se suma la extracción intensiva de agua en la zona de Laguna Blanca, lo que ha provocado su desaparición, con un impacto ecológico irreversible en bofedales y ecosistemas.
Frente a esta situación, la respuesta del Estado chileno ha sido débil y tardía. En 2019, bajo el gobierno del expresidente, Sebastián Piñera, el entonces canciller, Teodoro Ribera, logró incorporar este problema en la agenda de ambos países, pero en los últimos años se desandó el camino iniciado y ese ministerio se olvidó de Arica y Parinacota.
A pesar de las advertencias de la Dirección General de Aguas (DGA) y de los reclamos de las comunidades afectadas, Perú ha persistido en su negativa a establecer mecanismos conjuntos de gestión y monitoreo, y nuestra Cancillería no ha enfrentado, como es su obligación, la vulneración de nuestra soberanía hídrica.
Ya no se trata de una controversia técnica ni de un problema local. Es una disputa internacional por el uso de aguas compartidas, que afecta directamente el desarrollo agrícola de Arica y el ganadero de Parinacota, el equilibrio ambiental de bofedales y la subsistencia de nuestras comunidades altiplánicas. La magnitud del daño es tal, que seguir postergando decisiones hará irreversible el daño ambiental y desterrará definitivamente a una comunidad milenaria (aimara) de sus tierras ancestrales.
Chile debe recurrir a La Haya
Agotadas las instancias políticas, bilaterales y diplomáticas, no queda otra opción: Chile debe recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que sea este tribunal el que resuelva esta diferencia. Este no es un acto de confrontación, sino una acción legítima dentro del marco del derecho internacional, tal como Perú lo entendió cuando demandó a Chile por el límite marítimo frente a nuestras costas.
La Corte tiene competencia y experiencia para conocer controversias hídricas y garantizar una solución fundada en el principio de equidad, cooperación y sostenibilidad. Como en casos anteriores, el camino judicial puede —y debe— convivir con relaciones diplomáticas maduras.
Presentar una demanda ante La Haya no busca debilitar los lazos con Perú, sino reforzarlos sobre bases claras y justas. Fortalecer el Estado de derecho en nuestras relaciones internacionales es también una forma de construir confianza y prevenir futuros conflictos.
El agua es un bien estratégico. Sin ella, no hay agricultura, ni desarrollo local, ni futuro posible para las comunidades altiplánicas de Parinacota. Proteger nuestras aguas no es solo un deber político: es una responsabilidad histórica con los territorios más postergados de Chile. Ha pasado suficiente tiempo, ha habido demasiadas advertencias y promesas incumplidas. Hoy, más que nunca, llegó la hora de La Haya, y empujaremos en esa dirección.
Enviando corrección, espere un momento...
