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Los derechos no se ganan en programas electorales, sino en la calle, en los tribunales y en la persistencia de una sociedad que no claudica.
El reciente debate en torno al programa de Jeanette Jara y la ausencia de una postura clara sobre el aborto ha reavivado una discusión necesaria, pero también revela un riesgo: confundir la arena política con el motor real de los derechos sociales.
Mientras algunos exigen pronunciamientos individuales, la historia reciente de Chile demuestra que las transformaciones profundas —como la legalización del aborto en tres causales (2017)— no nacen de promesas electorales, sino de la presión sostenida de una sociedad organizada que exige dignidad.
¿Cómo mantener viva esta demanda en la agenda pública?
La omisión del aborto en el programa de figuras como Jara no es una novedad, sino un síntoma de un problema estructural: la tendencia a depositar en líderes políticos expectativas que corresponden a la ciudadanía. Las conquistas en derechos reproductivos han sido impulsadas históricamente por organizaciones feministas que, desde la calle, los tribunales y la educación comunitaria, han desafiado tabúes y presionado a instituciones rezagadas.
Ejemplo claro fue la movilización masiva de 2018, donde miles de mujeres exigieron al Estado dejar de criminalizar sus cuerpos. Esa energía colectiva, no un discurso aislado, fue clave para que el aborto dejara de ser un tema marginal. Hoy, ante la ausencia de compromisos políticos claros, la pregunta no es “¿qué dirá Jara?”, sino “¿cómo mantener viva esta demanda en la agenda pública?”.
Legislar por demandas sociales
Según la última encuesta CADEM (2025), el 72% de los chilenos apoya el aborto en causales ampliadas. Una iniciativa que, en su momento, tuvo un intenso debate y férreos detractores en sus distintas etapas legislativas. Este actual respaldo mayoritario obliga a las futuras autoridades a actuar con coherencia: en una democracia, legislar no es un ejercicio de ideologías personales, sino de traducción de demandas sociales. Si el silencio de Jara refleja un cálculo electoral, también expone una fractura entre la política y la ciudadanía.
La responsabilidad no es solo de figuras públicas. Criticar omisiones políticas no implica desconocer avances, sino recordar que los derechos se conquistan con estrategias colectivas. En lugar de polarizar entre “apoyos” y “rechazos” a figuras puntuales, urge priorizar metas concretas: ampliar causales, garantizar acceso real a servicios de salud y despenalizar la decisión de las mujeres.
Las diferencias internas en el feminismo existen, pero la experiencia ha demostrado que es posible unir fuerzas, ese es el espíritu colaborativo que guía la próxima etapa.
El debate sobre Jara es un recordatorio: los derechos no se ganan en programas electorales, sino en la calle, en los tribunales y en la persistencia de una sociedad que no claudica.
En vez de esperar que las figuras políticas lideren, corresponde a la ciudadanía exigirles que sigan el ritmo de los cambios que ya impulsamos. El aborto no necesita más declaraciones, necesita leyes valientes y un Estado que escuche, por fin, a sus mujeres.
