La última medición del INE arrojó una variación interanual prácticamente nula (+141) en el número de ocupados en nuestro país. Algunos han aprovechado esta coyuntura para criticar la agenda de reformas impulsadas por la actual administración, señalando que generan costos que estarían afectando los niveles de empleo.

Una mirada más atenta a los datos del INE advierte que son precisamente los grupos que se ven beneficiados por la agenda de reformas – como lo son el alza del salario mínimo, la reducción de jornada a 40 horas o la reforma de pensiones – los que han aumentado sus niveles de ocupación.

En efecto, los asalariados del sector privado han crecido en 174,9 mil personas durante el último año, llegando a los 5,7 millones de personas. En contraste, han disminuido los trabajadores del sector público en 74,6 mil personas, las trabajadoras de servicio doméstico en 14,6 mil y los trabajadores independientes en 85,5 mil.

La diferencia neta de estas variaciones nos entrega el bullado aumento de 141 ocupados. Así, tal como los promedios esconden una distribución desigual del pan, las cifras agregadas contienen una serie de variaciones positivas y negativas que exigen ser miradas en más detalle para evaluar el estado del mercado del trabajo.

Las categorías de ocupados que serían supuestamente afectadas por la agenda de reformas laborales muestran un comportamiento positivo durante el último año, y durante toda la administración actual. Lejos de la casualidad, esto se ha logrado con una implementación responsable de las reformas, las que siempre han considerado medidas de adaptabilidad, diálogo con los actores involucrados y apoyo a las empresas de menor tamaño.

En paralelo, se ha desarrollado una agenda de fomento al empleo que no debiese pasar inadvertida. Entre 2022 y 2023 se ampliaron el IFE Laboral y el Protege, para continuar con la recuperación de una participación laboral femenina fuertemente afectada por la pandemia, pero hoy recuperada. El gobierno también ha contribuido al sostenimiento de fuentes laborales en regiones afectadas por incendios, inundaciones y cierres de industrias estratégicas, como fue el caso de Huachipato.

El Sistema de Certificación de Competencias Laborales del país fue modernizado con miras a promover el reconocimiento del aprendizaje práctico en el trabajo y fomentar la articulación entre empleo y educación, tan necesaria en tiempos de cambio tecnológico. También, se mejoraron las prestaciones del seguro de cesantía y fortalecimos los programas de capacitación e intermediación para personas cesantes, promoviendo una más rápida reinserción al mercado laboral.

Actualmente, se está renovando la Bolsa Nacional de Empleo y se están empujando dos reformas estructurales: Sala Cuna para Chile, para aumentar la contratación y participación laboral de mujeres, y el Subsidio Unificado de Empleo, para incentivar la contratación formal de jóvenes, personas mayores, con discapacidad y mujeres.

El empleo formal y asalariado crece en nuestro país

Como se ve, la política laboral de este gobierno ha sido amplia y ambiciosa, incluyendo derechos laborales, previsión social y empleo. Esto se ha realizado entendiendo que la política de empleo puede acelerar el encuentro entre oferta y demanda, apoyar a quienes pierden su empleo y buscan uno nuevo, o promover la inclusión social en los nuevos puestos de trabajo, pero que jamás reemplazará al crecimiento económico.

Así, las críticas basadas en la comparación de administraciones debiesen enfocarse en este triple ámbito de la gestión pública, tomando en cuenta que la economía chilena se está recuperando tras varios años de estancamiento y que, de la mano del avance en derechos laborales, el trabajo formal y asalariado crece en nuestro país.