La tortura y sus sombras: la otra cara del cuidado y custodia del Estado

Hace cinco años, Chile dio un paso significativo al crear el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), cuyo mandato es claro: prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en todos los espacios donde haya personas bajo cuidado y custodia del Estado.

Desde 2020, el CPT ha recorrido el país realizando 279 visitas a recintos que rara vez observamos como ciudadanía: centros de salud mental, unidades forenses, cárceles, residencias de protección para niñas, niños y adolescentes, centros de justicia juvenil, establecimientos para personas mayores, unidades policiales, recintos transitorios para migrantes y escuelas de formación del personal de custodia. Todos ellos comparten una característica fundamental: quienes se encuentran allí dependen del Estado para que se les garantice una vida digna.

Este monitoreo se basa en una metodología rigurosa que va más allá de la simple observación: incorpora la escucha activa, el respeto y la empatía hacia las personas entrevistadas. Es un trabajo sostenido por un equipo técnico consolidado, impulsado por la profunda convicción de que prevenir la tortura no consiste únicamente en identificar abusos evidentes, sino en transformar las estructuras, prácticas, normas e inercias que permiten —o normalizan— el maltrato y la humillación, incluso cuando no hay una mano alzada.

Realidades críticas en instituciones de salud mental, residencias y cárceles

El pasado 24 de julio, el CPT presentó su Cuarto Informe Anual, que expone hallazgos preocupantes sobre las condiciones que enfrentan las personas bajo cuidado o custodia estatal permanente.
Evidencia así cómo el Estado mantiene una profunda deuda con la niñez y la adolescencia.

A pesar de que el ingreso a una residencia debiera ser una medida excepcional, transitoria y de la menor duración posible, y pese a los esfuerzos del Servicio de Protección por favorecer alternativas como las familias de acogida, a la fecha más de cinco mil niños y niñas permanecen por largos periodos —algunos, toda su infancia— en recintos estatales debido a la lentitud en la tramitación de sus causas, así como la tendencia de los Tribunales de Familia a optar por el sistema residencial como primera medida, lo que agrava esta situación, con enormes impactos negativos para su desarrollo, especialmente durante la primera infancia.

Persisten también importantes deficiencias en la preparación para la vida independiente y la reinserción efectiva, y en la atención oportuna y eficaz en salud mental y consumo de sustancias.
La creación del nuevo servicio se percibe como un progreso, pero se requiere avanzar con mayor fuerza en contar con programas más especializados que den respuesta a perfiles de mayor complejidad.

En centros de justicia juvenil, se mantienen los desafíos vinculados al trabajo con Gendarmería en relación al uso de la fuerza, revisiones corporales y otras prácticas contrarias a los estándares de derechos humanos.

En el caso de personas mayores, las condiciones materiales de los centros de larga estadía son dispares, y muchas presentan importantes deficiencias. Asimismo, la participación de los residentes en la toma de decisiones que los impactan es limitada; el acceso a prestaciones de salud y sociales no siempre es debidamente facilitado, y las condiciones laborales de quienes les cuidan impactan en la calidad de la atención que pueden brindar.

El monitoreo de recintos para personas con diagnóstico de salud mental, realizado durante 2023/24, ha profundizado su observación en unidades forenses, donde se han detectado graves deficiencias estructurales. Entre ellas destacan: listas de espera prolongadas para peritajes y demoras en la realización de audiencias para determinar inimputabilidad, lo que obliga a las personas a permanecer en unidades penitenciarias; condiciones de aislamiento; rutinas restrictivas; tratamientos farmacológicos sin supervisión y falta de acceso a actividades terapéuticas esenciales; carencias en la formación del personal; barreras para la comunicación con el exterior y para el egreso, debido a la ausencia de redes familiares, la escasez de dispositivos de apoyo comunitario y el frecuente rechazo de los tribunales a las solicitudes de cambio de medida.

En las visitas a unidades hospitalarias de psiquiatría —cuidados intensivos, corta estadía— se observa que los tratamientos siguen siendo altamente restrictivos y centrados en aspectos biomédicos y farmacológicos, con bajas oportunidades para el desarrollo de una vida independiente o la inclusión comunitaria. La autonomía de las personas sigue estando excesivamente limitada, con altos niveles de institucionalización.

El compromiso estatal pendiente: avanzar de la observación a la acción

En cuanto al monitoreo de recintos policiales, tanto de Carabineros de Chile como de la Policía de Investigaciones, el CPT ha visitado 13 de las 16 regiones de Chile, evidenciando avances en las condiciones de habitabilidad y seguridad en su interior. Se observa que cuentan con un número adecuado de celdas, lo que permite la correcta segmentación entre hombres, mujeres y menores de edad.

Destacan los esfuerzos de ambas policías por avanzar en estas mejoras; sin embargo, aún se mantienen deficiencias de higiene, información limitada sobre derechos y procedimientos, y la necesidad de fortalecer el abordaje de personas con diagnóstico de salud mental. Asimismo, el momento de la aprehensión y traslado de los detenidos sigue siendo uno de los puntos más vulnerables para la integridad de las personas, por la falta de registro y supervisión adecuadas. La sobrecarga laboral y el estrés del personal policial es otro foco relevante de preocupación para la prevención de los malos tratos.

Por su parte, los establecimientos penitenciarios muestran graves niveles de hacinamiento, debido a que pasamos de 38 mil personas privadas de libertad en 2021 a más de 63 mil en 2024, es decir, un crecimiento del 60 % en recintos cuya capacidad es para 40 mil personas. Las vulnerabilidades que enfrentan estas personas se agravan para aquellas que son parte de un grupo de especial protección, como es el caso de las mujeres, personas mayores, personas migrantes y LGBT+.

Especialmente preocupantes son las prácticas como el aislamiento y confinamiento prolongado, la falta de recursos, la ausencia de garantías para el nacimiento de niños/as y la falta de un enfoque inclusivo y formativo. Se observa un acceso limitado a atenciones de salud, tanto física como mental, en todas las formas de detención, con aumentos preocupantes de las tasas de suicidios y autoagresión.

Múltiples han sido las recomendaciones que el CPT ha realizado a las diferentes instituciones del Estado. Sin embargo, el compromiso respecto a su respuesta y seguimiento aún dista del esperado. Como ejemplo, del total de recomendaciones realizadas en 2023, sólo un 48 % fueron respondidas y se encuentran en implementación.

El CPT no tiene poder de implementación directa. Observamos, documentamos, proponemos, pero la responsabilidad de actuar recae en quienes dirigen los servicios, toman las decisiones presupuestarias, dictan las normativas o diseñan e implementan las políticas públicas. La Ley 21.154 establece que las instituciones deben colaborar con el Comité. Esa colaboración no es un trámite: es una oportunidad para evitar el sufrimiento de miles de personas, para prevenir daños irreversibles, para construir una sociedad más justa.

“La sombra de la tortura aún sobrevuela el país”

Como dijo la relatora de Naciones Unidas, Alice Edwards, durante su visita a Chile: “La sombra de la tortura aún sobrevuela el país”. Esa sombra no se desvanece sola. Se disipa con reformas concretas, con compromiso institucional, con transparencia, con valentía. Y también con la memoria.

La prevención de la tortura no es solo una obligación legal, sino un instrumento para mejorar la dignidad, el desempeño institucional y la democracia. Como CPT, mantenemos nuestro compromiso irrestricto con las personas bajo cuidado y custodia del Estado, pero el avance en la prevención de la tortura requiere con urgencia un compromiso político firme y transformador.

Estos cinco años han significado procesos de aprendizajes, donde se valora el trabajo colaborativo, pero aún se requiere fortalecer el enfoque preventivo por parte del Estado y fortalecer la cooperación interinstitucional.