Chile tiene una enorme deuda con la niñez bajo custodia del Estado. Niños, niñas y adolescentes que han pasado por residencias del Sename, hogares administrados por organismos colaboradores o centros de justicia penal juvenil han sufrido violaciones graves a sus derechos humanos, sea cual sea la década en la que estuvieron bajo cuidado del sistema.
La Comisión Presidencial Verdad y Niñez fue creada con mandato de escuchar a la infancia institucionalizada, realizar un informe reconociendo las víctimas de violaciones de derechos humanos, y de proponer medidas de reparación y garantías de no-repetición. Esta semana es clave: se inicia el proceso de agendamiento para el proceso de escucha testimonial.
Como Comisión, no somos tribunal. Nuestra tarea es identificar las violaciones a los derechos humanos que sufrieron niños, niñas y adolescentes quienes, bajo la custodia del Sename o en sistemas de cuidados alternativos privados, debieran haber sido protegidos, y las fallas estructurales que llevaron a estas violaciones, en particular, cuando fueron graves y sistemáticas. Además, somos llamados a reconocer a las víctimas.
La Comisión no puede declarar responsabilidades penales de las personas, solo identificar la falta a la debida diligencia y a sus obligaciones de servicios y organismos, o sea, la responsabilidad del Estado por lo ocurrido. A cambio, la Comisión sí debe denunciar los delitos de los que toma conocimiento para que los órganos competentes busquen y juzguen los responsables, según la normativa vigente.
Estamos conscientes de cuán difícil será para muchas personas egresadas que estuvieron bajo custodia del Sename, volver a estas vivencias tan dolorosas. Honramos su derecho de ser escuchados, escuchadas, presencialmente, virtualmente o por escrito.
La Comisión y su equipo de profesionales recibirá a personas que, por muchos años, a veces décadas, no han sido escuchadas por el Estado. Su mandato es justamente darles voz y a partir de la escucha confidencial, recomendar medidas de reparación y garantías de no-repetición. Ciertamente, estará dispuesto un mecanismo de derivaciones a profesionales en caso de que el testimonio haga a la persona revivir experiencias pasadas y requiera una intervención en crisis.
Abrir este espacio de verdad es un deber ético, jurídico y un acto de dignidad hacia quienes no fueron protegidos en su infancia. Escuchar sus voces no repara el daño, pero sí abre caminos hacia una sociedad que comienza a sanar, prepara la adopción de garantías de no-repetición y que sí quiere cuidar a quienes más lo necesitan.
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