Dobles contrataciones en el Estado

El abuso de las licencias médicas en el sector público, el denominado caso convenios -entre otros- y el incremento de las listas de espera en salud, por citar algunos episodios de alto impacto en la ciudadanía, han permitido que el tamaño y eficiencia del Estado sea un tema de debate público.

Así, la inamovilidad de los funcionarios públicos y el crecimiento inorgánico del empleo público, las remuneraciones por sobre los promedios del mercado, la calificación del desempeño, entre otros aspectos, son materias ineludibles si se quiere modernizar el estado y ponerlo al servicio de las personas.

En este contexto, el Instituto Libertad ha presentado un primer estudio que aborda el tema de las dobles contrataciones en el Estado, el que detectó un total de 61.293 personas que figuran con contratos simultáneos en al menos dos organismos del Estado, en las categorías de planta, a contrata u honorarios. Las cifras indican que, a enero de 2022, un total de 22.963 personas estaban en esta situación; en 2023, la cantidad llegó a 24.779 y en 2024, el número de personas aumentó, alcanzando los 28.920 trabajadores con doble contrato. En lo que va de este año, la cifra llega a casi 18.000 funcionarios, marcando una tendencia al alza.

Si bien hay casos en que la doble contratación está permitida, la amplitud de esta práctica amerita una fiscalización para verificar que quienes figuran con dos o más contratos con el estado, además de cumplir con la normativa legal, estén efectivamente cumpliendo a cabalidad con las funciones por las cuales se les está pagando. Para ello, toda la información sistematizada será puesta a disposición de la Contraloría General de la República, con el objetivo de que se investigue y cursen eventuales sanciones, si se detectan irregularidades.

Creemos que es necesario aclarar si en todos los casos de doble contratación se cumple con la normativa legal vigente. Especialmente en el caso de médicos y docentes, resulta pertinente chequear que las jornadas comprometidas sean compatibles con el cumplimiento de los respectivos contratos celebrados. Por otra parte, resulta llamativa la doble contratación en el caso de personas que aparecen con bajas remuneraciones simultáneas, especialmente en municipios, lo que podría deberse a un mecanismo para mejorar determinados salarios.

Resulta al menos preocupante que el tamaño del Estado siga creciendo, de la mano de una ineficiencia que se manifiesta en ámbitos tan sensibles como la seguridad y la salud. Se requieren cambios en miras al buen uso de los recursos públicos, especialmente tomando en cuenta que nuestro país se ha visto afectado en los últimos años por una economía que no crece al ritmo esperado y a una inversión frenada por los vaivenes de los procesos constitucionales, trabas burocráticas y la denominada “permisología”.

Se requiere recuperar la fe pública en Chile y sus instituciones y la modernización del estado y del empleo público son fundamentales para lograrlo.