Enviando corrección, espere un momento...
Como parlamentarios, no podemos mirar hacia otro lado. Esta semana el Congreso tendrá la oportunidad de corregir uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia legislativa reciente: la Ley de Pesca, también conocida como Ley Longueira, una norma nacida bajo la sombra del cohecho y los intereses empresariales, que terminó favoreciendo indebidamente a grandes actores industriales a costa del sector artesanal y su desarrollo.
Hay que decirlo con total claridad: quien vote en contra del proyecto de Ley de Fraccionamiento estará avalando, aunque sea de forma indirecta y sin quererlo, el modelo que dejó en evidencia el actuar de una empresa condenada judicialmente por sobornar a parlamentarios —y dos condenados por cohecho por ello: Jaime Orpis y Marta Isasi— para obtener las cuotas que hoy mantiene vigentes.
Ley de Fraccionamiento como oportunidad de enmendar el error histórico
Esa ley consolidó privilegios sin justificación técnica, ni social. Solo un dato: desde entonces, dicha empresa ha recibido beneficios económicos equivalentes a 50 millones de dólares anuales dada la distribución actual de sardina y anchoveta en el norte, sin ningún criterio que los respalde más allá del poder de lobby que ejercieron en su momento.
La Ley de Fraccionamiento representa una oportunidad real de enmendar ese error histórico. Este proyecto establece un nuevo criterio para distribuir las cuotas globales de captura de 23 pesquerías de importancia comercial, entre el sector industrial y el sector artesanal. Lo hace de forma transparente, con fundamentación técnica y con un proceso legislativo inédito: cada recurso fue discutido en las instancias pertinentes de manera pública, televisada, especie por especie y territorio a territorio.
Además, esta reforma no es solo una cuestión de principios: también implica una profunda redistribución económica.
Según cálculos que dio a conocer la propia industria a través de Sonapesca, el traspaso de cuotas propuesto por esta ley se traducirá en una redistribución de 160 millones de dólares anuales hacia el sector artesanal. Un cambio sustantivo que permitirá mejorar las condiciones de vida de miles de familias en nuestras caletas, fortalecer la economía local, y avanzar en una gestión pesquera más justa y sustentable.
Oportunidad para un cambio justo
Uno de los puntos que ha generado más debate es la distribución de la merluza común. Es legítimo que existan diferencias, pero no podemos perder de vista lo esencial: si este proyecto no se aprueba, seguirá vigente la cifra de la ley actual, que entrega solo un 40% al sector artesanal y mantiene el 60% en manos de la industria. Eso es lo que hoy está en juego. Este proyecto no resuelve todo, pero mejora sustantivamente una situación injusta. Frenarlo solo perpetúa el modelo que tantos hemos criticado. No hay espacio para la inmovilidad: o se avanza en justicia, o se conserva la desigualdad.
El proyecto ha recibido un importante y transversal respaldo en su tramitación en ambas cámaras: 111 votos en la Cámara en primer trámite, 40 votos a favor y solo uno en contra en el Senado, y 136 votos en la Cámara en tercer trámite, dan cuenta de que existe voluntad política para avanzar.
En esta última etapa, la votación de la próxima semana será un momento definitorio: o respaldamos esta redistribución justa y necesaria, o evitamos hacernos cargo y avalamos que se mantenga una distribución nacida de la corrupción.
Sabemos que la Ley de Fraccionamiento no es perfecta, que mucho hubiésemos querido más en algunos recursos puntuales, pero sabemos que es un avance real, concreto y urgente.
El sector artesanal y la propia ciudadanía espera cambios, no excusas. Y frente a la historia, lo que se espera de cada parlamentario es claridad y coraje. Como hemos dicho, no hay punto intermedio.
