El próximo mes de marzo se inicia el último año legislativo del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Será una etapa crucial, que debe unirnos como progresismo para cerrar los temas pendientes y cumplir con las demandas que comprometimos resolverle a la gente.
Hay temas que siguen en la agenda y demandarán dedicación, coordinación y compromiso con el fin de avanzar hacia soluciones definitivas de problemas que afectan con dureza a miles de familias.
Todos los partidos políticos que asumimos esta alianza de Gobierno nos comprometimos a trabajar para que en el mes de marzo de 2026 entreguemos un Chile mejor, más unido, fraterno, con mejores indicadores.Hay muchos avances, como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, despacho de más de 60 leyes de seguridad, la reforma a las pensiones, mejor sueldo mínimo, progresos importantes en derechos laborales, ley antiterrorista, pago de la deuda histórica a los profesores, entre otros.
Pero también prometimos reducir la desigualdad y hacer del nuestro un país más próspero y con instituciones del Estado más eficientes para atender las necesidades inmediatas de las personas.
Por ejemplo, las graves falencias en salud. Allí existe una dificultad mayor que requiere de todos los esfuerzos del Estado para que sea resuelta. No podemos seguir abordando estos temas de manera fragmentada, pues las personas necesitan soluciones integrales y definitivas que les garanticen un mejor acceso a las atenciones que precisan.
Las largas listas de espera para exámenes y operaciones son una dificultad que angustia a miles de familias. Es cierto que se han entregado beneficios a los sectores más vulnerables, pero la clase media sigue sin atención o con esperas de meses y hasta más de un año para acceder a asistencia médica.
En estos días también ha estado en el debate público la situación del campamento del Cerro Centinela de San Antonio, donde más de 4.000 familias viven en condiciones irregulares. Son más de 11 mil hombres, mujeres y niños que actualmente están en la incertidumbre, mientras una comisión técnica integrada por profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), del área de la construcción y los propietarios de los terrenos, llegan a un acuerdo.
No estoy justificando las “tomas” porque es un acto ilegal perpetrado en terrenos de propiedad privada. Y eso es inaceptable en un país donde rige el Estado de Derecho, como es en Chile. Pero este tema deja en evidencia un grave problema social, que es el déficit habitacional que se arrastra por años en nuestro país. Según el Catastro de Campamentos 2024 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MNVU), existen 1.432 asentamientos de este tipo, un 31,3% más que en 2022.
No avanzar en soluciones para estos problemas que afectan a tantas familias, sería un obstáculo grande para que Chile siga progresando. Y también significaría que los actores políticos no somos capaces de satisfacer las necesidades de nuestra ciudadanía y resolver sus graves dificultades.
Tanto los partidos como los movimientos que apoyamos al Gobierno debemos poner todo nuestro esfuerzo para colaborar en estos y otros temas en este último año de gestión. Es necesario sentarnos a la mesa, detectar cuáles son los compromisos electorales pendientes, discutirlos, coordinarnos con el Ejecutivo y alcanzar los mejores acuerdos para poder avanzar. Y, por qué no decirlo, también soy partidaria de invitar a que se integren a esta tarea todos los sectores representativos del empresariado, los gremios y sectores políticos diversos.